Esta semana el grupo parlamentario oficialista “hizo historia”. Pero no en sentido positivo, con alguna acción que representa un avance democrático; sino en sentido negativo, atentando contra la democracia y los derechos humanos. En sólo cuatro días, la “bancada cyan” le asestó tres zarpazos al pueblo salvadoreño.

El primer zarpazo es la aprobación exprés del decreto de “Disposiciones Especiales y Transitorias de Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos o Privados”, el cual -con la dudosa justificación de prevenir contagios de COVID-19- busca prohibir las crecientes movilizaciones de protesta contra el gobierno, la más reciente realizada el pasado domingo 17 de octubre.

Dicho decreto ordena a la Fiscalía que actúe de oficio contra los organizadores de manifestaciones públicas, quienes podrían recibir condenas de uno a tres años de cárcel. La nefasta disposición atenta contra el derecho de protesta, necesario para expresar el descontento ciudadano en todo régimen democrático.

El segundo zarpazo es la decisión de rechazar la “Reforma Beatriz” que plantea permitir la interrupción voluntaria del embarazo cuando esté en peligro la vida de la madre, el feto no tenga posibilidades de vida y en caso de violación sexual, trata o incesto. La propuesta fue presentada por las organizaciones feministas el 28 de septiembre de este año, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.

La negativa de los diputados y diputadas gobiernistas en una violación flagrante al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. El hecho, además, constituye el cumplimiento de la promesa del presidente Nayib Bukele, quien durante su campaña electoral ofreció despenalizar el aborto para salvar la vida de la madre.

Y el tercer zarpazo tiene que ver con la inminente aprobación de una ley privatizadora del agua. La bancada oficialista y sus aliados dieron por terminada la revisión del articulado de la Ley General de Recursos Hídricos que otorgará permisos de 15 años prorrogables a las empresas que explotan comercialmente el vital líquido.

La ley incorporó las peticiones del sector empresarial y desechó las propuestas de las organizaciones ambientales, juntas de agua, iglesias y universidades, que solicitaron garantizar el agua como derecho, un ente rector de políticas hídricas totalmente público, el enfoque de protección de cuencas, la participación comunitaria en la gestión del vital líquido y un régimen económico equitativo, transparente y justo.

Por tanto, la aprobación de esta cuestionada ley conlleva graves vulneraciones al derecho a la agua, saneamiento, alimentación, salud y vida de la población, especialmente la más vulnerable.

Ojalá la población salvadoreña siga despertando del pernicioso sueño bukelista, tome conciencia de los graves atropellos a sus derechos y se proponga revertir estos zarpazos contra la democracia.

Dios quiera que así sea.