Al inicio de la pandemia de COVID-19, Nayib Bukele prometió utilizar en forma eficiente y transparente los fondos públicos en la atención de la emergencia sanitaria. En una reunión realizada en Casa Presidencial el 18 de marzo de 2020 dijo a sus ministros que él mismo iba a “meter preso” a cualquier funcionario que “tocara (robara) un centavo”.

La referida frase, incluso, fue viralizada en redes sociales por el aparato de propaganda gubernamental para reforzar la imagen que Bukele proyectaba nacional e internacionalmente como un presidente implacable contra la corrupción y el mal uso de recursos estatales.

Sin embargo, la promesa de anticorrupción del mandatario fue una quimera. Lo primero que hizo la administración Bukele fue meter los recursos de la pandemia en el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) para evadir las reglas de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Después, ya con la mayoría parlamentaria a su favor, el bukelismo aprobó la llamada “Ley Alabí” para  no rendir cuentas por el uso de los fondos de la emergencia sanitaria y para proteger a los funcionarios señalados de cometer irregularidades en su manejo.

Finalmente, el oficialismo destituyó al Fiscal General que investigaba varias denuncias de corrupción gubernamental y cerró la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) que había presentado doce casos y asistido en otros veinticinco. El fiscal bukelista Rodolfo Delgado cerró esas investigaciones.

Y cada vez que el periodismo investigativo revela casos de corrupción, el presidente -en vez de destituir a los funcionarios involucrados y pedir que sean procesados- descalifica a los periodistas y medios que los publican o simplemente guarda silencio.

Eso hizo Bukele hace un par de semanas cuando un reportaje de El Faro mostró que el director de Centros Penales y también viceministro de Seguridad Pública, Osiris Luna, vendió 42 mil sacos de alimentos que eran para entregar a la población afectada por la pandemia. Frente a tan vergonzoso e indignante acto de corrupción, el mandatario -paladín de la anticorrupción- se quedó callado.

El semanario digital detalla que Luna -con ayuda de su madre Alma Yanira Meza- vendió 38,500 botellas de aceite y 42,909 paquetes que contenían arroz, azúcar y frijol, por un valor de 1,609,087 dólares. Según la publicación, este acto de corrupción se cometió con la complicidad de la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, y el ex viceministro de Gobernación, Franklin Castro, quienes permitieron que Luna se apropiara de los alimentos.

Pero el presidente que prometió “meter preso” a todo aquel que “tocara un centavo” no dijo “ni pío”.