Por: Observatorio de la Comunicación*
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron la semana pasada que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha incumplido compromisos internacionales relacionados con el acceso a la información , transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Y, ciertamente, el actual mandatario salvadoreño abandonó la agenda anticorrupción que durante la última década el país venía adoptando en un proceso que, con todas sus luces y sombras, significaba un importante avance en materia de transparencia.
Cuatro hechos que reflejan el desmantelamiento de la institucionalidad que promovía la transparencia y rendición de cuentas son: la eliminación de la Secretaría de Transparencia, la pérdida de independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la desnaturalización de las las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) en las instancias gubernamentales más importantes y el incumplimiento sistemático de la Ley de Acceso a la Información Pública. Además, la pérdida de eficacia y protagonismo de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Como resultado de esto, expertos y activistas anticorrupción coinciden en que la administración de Nayib Bukele es opaca, actúa de espaldas a la población y se proyecta potencialmente corrupta; y señalan que la gestión del gobernante milenial ha sido -en éste y otros ámbitos democráticos- un retroceso hacia la época de los gobiernos de ARENA.
En esta entrega del Observatorio de la Comunicación de ARPAS traemos a cuenta cinco de las promesas más emblemáticas de la narrativa anticorrupción del presidente Bukele que no fueron cumplidas. Algunas fueron hechas durante la campaña electoral y otras en los inicios de su gestión presidencial.
1. La CICIES que creó y luego quitó
La principal promesa electoral de Nayib Bukele en materia anticorrupción fue crear en los primeros cien días de su gobierno la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) que, como la CICIG en Guatemala, investigaría a “corruptos y corruptores”. Bukele “cumplió” esta promesa el 6 de septiembre de 2020 cuando creó una comisión con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) pero ésta nació dependiente del gobierno, sin mandato legal y carente facultades vinculantes para presentar casos de corrupción en los tribunales de justicia.
Sin embargo, la CICIES -a pesar de las dudas y críticas iniciales sobre su independencia y efectividad- funcionó, pues presentó 12 avisos de posible corrupción en el manejo fondos públicos durante la pandemia de COVID-19 y asistió a la Fiscalía en otros 25 casos. Las irregularidades involucraban a varios ministerios, instituciones autónomas y otras instancias gubernamentales.
Fue entonces que el presidente Bukele y el fiscal impuesto Rodolfo Delgado decidieron cerrarla el 4 de junio de 2021, con el argumento ridículo de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había contratado como asesor al ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. En un comunicado la OEA lo desmintió y señaló seis razones del cierre, todas relacionadas con la falta de colaboración en las investigaciones y la incomodidad gubernamental con el trabajo de la CICIES.
2. La designación de un comisionado anticorrupción “propuesto por la oposición”
Otra promesa emblemática de Nayib Bukele fue la designación de un comisionado presidencial para la probidad y anticorrupción. El mandatario, incluso, ofreció que -para garantizar la independencia y asegurar su rol fiscalizador de la gestión gubernamental- este funcionario seria propuesto por la oposición política.
No obstante, ya en el cargo, el presidente ignoró completamente este compromiso. En abril de 2021, El Faro reveló que Bukele tuvo brevemente como “asesor anticorrupción” a un miembro de la oposición pero venezolana. Se trata de Juan Carlos Gutiérrez, un ex colaborador del auto denominado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Gutiérrez fue parte del grupo de venezolanos que forman una especie de “gabinete paralelo” del presidente Bukele, liderado por Sara Hanna Georges, miembra del equipo de Leopoldo López, también opositor del presidente venezolano Nicolás Maduro.
3. La promesa de acabar con el nepotismo
El presidente Bukele ofreció terminar con las prácticas de nepotismo que existían en gobierno anteriores y durante sus primeros días de gobierno se dedicó a despedir a través de Tuitter a familiares de ex funcionarios que trabajaban en el Ejecutivo, a algunos sin justificación válida y a todos sin seguir el debido proceso. Este operativo era parte de una estrategia comunicacional de alto impacto.
Sin embargo, contradiciendo el supuesto combate contra el nepotismo, Nayib Bukele colocó en puestos claves de su gobierno a familiares, amigos, socios, compadres y empleados de sus empresas, algunos en funciones públicas y otros sin un cargo formal en el gabinete. También han sido nombrados familiares de algunos ministros, diputados y miembros del partido Nuevas Ideas, muchos de ellos sin tener el perfil de idoneidad requerido y otros bajo la dudosa justificación de que son cargos “ad honorem”.
4. La advertencia de “meter preso a quién tocara un centavo”
Al inicio de la pandemia de COVID-19, Nayib Bukele prometió utilizar en forma eficiente y transparente los fondos destinados a la atención de la emergencia sanitaria. Fue así como en una reunión realizada el 18 de marzo de 2020 en Casa Presidencial advirtió a sus ministros, secretarios y otros miembros de su gabinete que él mismo iba a “meter preso” a cualquier funcionario que “tocara (robara o malversara) un centavo”.
Nuevamente el mandatario no cumplió. Primero puso los recursos de la pandemia en el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) para evadir disposiciones de la LACAP. Luego sus diputados aprobaron el 5 de mayo de 2021 la “Ley Alabí” para no rendir cuentas por el uso de esos fondos y proteger a los funcionarios señalados de cometer irregularidades en su manejo. También en mayo de este año destituyó al fiscal general Raúl Melara, quien investigaba varias denuncias de corrupción que involucraban principalmente los ministerios de Salud, Agricultura, Turismo y Seguridad.
Recientemente se reveló que el viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, vendió -con la ayuda de su madre y la complicidad de otros funcionarios públicos- 42,000 paquetes de alimentos que eran para los afectados por la pandemia. Frente a esto Bukele guardó silencio y ya ni siquiera descalificó al medio que lo hizo público, como suele hacer cuando se destapan casos de corrupción en su gobierno.
5. La transparencia en la Asamblea Legislativa
El presidente Bukele y sus diputados prometieron transparentar el uso de fondos en la Asamblea Legislativa, pero lo que hicieron fue oscurecer aún más. El 25 de agosto de este año decidieron ocultar la información sobre presupuesto, viajes de diputados, seguros, licitaciones, contrataciones, órdenes de compra, planillas salariales, informes de auditorías y otros datos que -según la LAIP- es información oficiosa que debe ser publicada sin necesidad de una solicitud directa.
También declararon como información reservada los acuerdos de la presidencia y junta directiva, los expedientes de la elección de funcionarios de segundo grado y expedientes de las comisiones especiales. La justificación fue que su conocimiento público “pone en peligro evidente la vida, seguridad o la salud de cualquier persona”; y que “podría generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”.
Debido a la presión ciudadana los diputados del presidente revirtieron pero solo parcialmente el acuerdo. Además, mantienen en agenda una pliego de reformas a la LAIP, entre las cuales está clasificar como información reservada las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
El incumplimiento de las promesas anticorrupción y la traición a sus compromisos sobre transparencia muestran claramente la incoherencia entre el discurso del presidente Nayib Bukele sobre transparencia y el oscurantismo de su administración, especialmente en materia de acceso a la información y uso de fondos públicos. Ojalá la ciudadanía se proponga la meta de cambiar esta situación, en el marco de un gran esfuerzo cívico para frenar la corrupción, el autoritarismo y los graves retrocesos históricos que sufre en país.
*El Observatorio de la Comunicación es un centro instalado por ARPAS para hacer monitoreo de medios, análisis de discursos, verificación de información y seguimiento a procesos infocomunicacionales.
