Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía UNES
Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, traslados y nombramientos de nuevos jueces y magistrados han ocasionado el desmantelamiento de la Cámara Ambiental de San Salvador, así lo denuncian diversas organizaciones, las cuales exigen a la Corte Suprema de Justicia impuesta revierta la decisión y reinstale los magistrados Samuel Lizama y Cesia Romero.
Para los defensores del medio ambiente, el traslado de los magistrados busca beneficiar a sectores económicos y depredadores ambientales que impulsan y desarrollan proyectos de inversión que atentan contra los ecosistemas.
El magistrado Samuel Lizama ha sido una voz crítica de las decisiones inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que ha tomado la CSJ impuesta, promovidas desde el oficialismo, por lo que según las organizaciones su traslado responde a represalias, ya que no ya que no cumplen con tener más de 30 años de trabajo o 60 años de edad, cómo lo establecen los parámetros y disposiciones del Decreto Legislativo 144 aprobado por los diputados afines al gobierno.
Además, aseguran que el profesional cuenta con un perfil idóneo para ejercer justicia a favor del medio ambiente. Prueba de ello han sido las resoluciones que ha emitido para proteger a tres de los ríos más importantes del país. Así como la emisión de fallos que marcan importantes precedentes como: requerir los permisos ambientales de los casos como Tacushcalco, en Sonsonate y las represas El Charparral y El Cimarrón.
Al desconocer el proceso de selección y nombramiento de los nuevos funcionarios de dicha Cámara, las organizaciones cuestionan su idoneidad y ponen en duda la garantía de defensa de derechos. Por lo que dijeron estar atentos a su desempeño y alertas ante cualquier irregularidad.
En un conversatorio transmitido por la Revista Factum, la magistrada, Cesia Romero, señaló que las consecuencias provocadas por el decreto 144, aprobado por los diputados oficialistas, no representa una falta de formación jurídica más bien carencia de principios.
