Por Red Informativa de ARPAS
Según el “informe nacional del estado de los riesgos y vulnerabilidades” del año 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el 88.7 % del territorio nacional se considera zona de riesgo, pese a esta realidad el Estado ha hecho muy poco para implementar políticas y leyes para prevenir los riesgos a desastres, señalaron representantes de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) y de la Concertación Regional de Gestión de Riesgos (CRGR).
La reflexión de estas organizaciones se hizo en el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgos a Desastres y cuando en el país se recuerdan algunas de las peores tragedias que dejaron en evidencia la alta vulnerabilidad del territorio. El 19 de septiembre se cumplieron 39 años del deslave en Montebello en el cual fallecieron más de 300 personas, el 10 de octubre se conmemoró el 35 aniversario del devastador terremoto de 1986 que también dejó cuantiosas pérdidas y, el más reciente, es el deslave en Nejapa ocurrido el 29 octubre de 2020, en plena pandemia de COVID-19.
“El gobierno ignora el llamado de la sociedad civil sobre el impacto ambiental de construcciones privadas establecidas en zonas máxima protección, áreas de recarga acuífera, incluso en áreas naturales protegidas, por ejemplo, el megaproyecto urbanístico ‘Ciudad Valle El Ángel'”, reclamaron las organizaciones.
Para la MPGR y la CRGR es preocupante que el Estado continúe con una visión de “respuesta emergencista” ante desastres y que no aplique una gestión integral de riesgos, la cual parte de un enfoque prospectivo en el que se apuesta principalmente por la prevención. “Existe un claro desmantelamiento de la institucionalidad y la militarización del Sistema Nacional de Protección Civil”, apuntaron.
Cambio climático y vulnerabilidad influyen en aumento de migración
La MPGR y la CRGR también se mostraron preocupadas dado que la situación de alta vulnerabilidad del país, sumada a los efectos del cambio climático, están causando un aumento en la migración de comunidades, sobre todo de personas jóvenes menores de 18 años, dijo Adalberto Blanco. “Esto lo que significa para los municipios más pobres del país es quedarse con menos personas y menos posibilidades de tener acceso a una vida digna”, señaló.
Además, explicó que en la zona norte de Chalatenango cerca del 20 % de jóvenes abandonaron sus estudios y decidieron migrar.
Además, Rudecinda Orellana, también integrante de la MPGR, señaló que el cambio climático y la migración tienen un impacto diferenciado para las mujeres. Expresó que es necesario que los fondos públicos se utilicen con transparencia y que se invierta en la prevención de riesgos de desastres.
Durante la actividad, además, la Concertación Regional de Gestión de Riesgos lanzó la campaña “Resiliente 24/7”, una iniciativa que busca sensibilizar a las poblaciones centroamericanas a unir esfuerzos desde lo local para prevenir riesgos a desastres.
Como parte de la campaña regional se realizarán diferentes actividades como conversatorios virtuales, dos cursos acreditados sobre gestión integral de riesgos, así como la difusión de materiales audiovisuales.
