El 18 de junio de este año el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos. La propuesta fue presentada por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) y el presidente Nayib Bukele dio un plazo máximo de 90 días a su “bancada cyan” para que la aprobaran.

La no aprobación de dicha normativa es ya una promesa incumplida de la administración Bukele y de sus diputados, no sólo porque no cumplieron el plazo de tres meses que venció a mitad de septiembre, sino también -y principalmente- porque la ley que pretenden promulgar contradice su compromiso de no privatizar el agua.

Bukele y sus súbditos parlamentarios prometieron una ley que asegurara el derecho al agua y el carácter totalmente público de la institución rectora de las políticas hídricas. Sin embargo, organizaciones sociales señalan que la ley de agua del bukelismo “está alejada de la realidad del país, favorece a las empresas privadas y responde a los intereses del gobierno”.

La Alianza contra la Privatización del Agua y la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares denunciaron ayer que en los 122 artículos aprobados hasta este momento no han sido tomadas en cuenta las propuestas y recomendaciones de las organizaciones, la academia, las iglesias y las juntas de agua.

Para las organizaciones, la discusión de la ley es “un show” y advierten que los diputados oficialistas elaboraran una normativa que no resolverá el problema del agua, pues no incluye la protección de los mantos acuíferos, no permite la participación comunitaria y busca favorecer los intereses económicos de quienes explotan y hacen negocio con el vital líquido.

La denuncia de las organizaciones debería provocar la indignación de la población y la movilización social para exigir una ley que responda a los derechos de la gente y no a la ambición de ganancias de los mercaderes del agua. Esperemos que en las protestas convocadas para el próximo 17 de octubre ésta sea una demanda principal.

Por lo demás, la no aprobación de la ley de agua se suma a la larga lista de promesas incumplidas de Bukele en materias de transparencia y anticorrupción, democracia, participación, derechos humanos y desmontaje del modelo neoliberal.