Tal como sucedió el pasado 15 de septiembre -y en menor medida el 30 del mismo mes-, varios miles de personas protestaron en San Salvador contra el gobierno de Nayib Bukele. Atendiendo a diversas convocatorias, los manifestantes recorrieron la 25 Avenida Norte, la Alameda Juan Pablo II y la Avenida España, desde el Parque Cuscatlán hasta la Plaza Cívica en el centro histórico.

Y frente a esta masiva movilización ciudadana, la administración Bukele intentó -primero- sabotearla, colocando en las diferentes entradas a la capital retenes policiales y militares que bloquearon el ingreso de buses que transportaban a manifestantes desde el interior del país. Después, Bukele y sus propagadores de mensajes optaron por minimizarla y descalificarla.

El operativo consistió en enviar a supuestos periodistas a “entrevistar” (acosar) a personas incautas y grabar incidentes que inmediatamente eran difundidos por los medios oficialistas y retomados por el propio Bukele en sus redes sociales. Durante las tres horas que duró la movilización, el mandatario tuiteó o retuiteó unas treinta veces; y en su empeño por desinformar y manipular, incluso, publicó fotos aéreas de la plaza vacía antes y después de la protesta para hacer creer que la presencia de manifestantes era escasa.

Esta actuación de Bukele es impropia de un gobernante. Como presidente de la República debería validar y atender los reclamos de la población, en vez de estigmatizar, ningunear, ridiculizar y hasta mentir sobre las protestas, cuyo ejercicio es -además- un  derecho ciudadano.

Un presidente sensato escucharía y tomaría en cuenta los reclamos sobre democracia, transparencia, derechos humanos y otras demandas legítimas de la gente que protesta contra la remilitarización, la privatización del agua, la imposición del bitcoin, la falta de transparencia, la corrupción, el endeudamiento público y los múltiples atropellos contra la institucionalidad, la separación de poderes y la democracia.

En su prepotencia y desprecio por la protesta social, el mandatario no está previendo que con ello más bien logra que las movilizaciones sociales sigan creciendo. Pretender invisibilizar o satanizar las marchas indigna a cada día más personas movidas por el descontento y la frustración que provoca el incumplimiento de las promesas de Bukele.

La gente protesta por la falta de agua, por el alto costo de la vida, por la violencia y otros problemas cuya solución no son prioridad de la administración Bukele. Esta realidad se está imponiendo a la narrativa oficialista de un gobierno “cool”, del hospital “más grande de Latinoamérica” y del primer país del mundo que adopta el bitcoin como moneda.

Si el presidente Bukele no atiende los problemas y reclamos de la gente, y su apuesta sigue siendo ocultar o ningunear las protestas, lo que hará más bien es promoverlas y aumentarlas a niveles quizás ahora insospechados.