Diversas organizaciones sociales han convocado a protestar contra el gobierno de Nayib Bukele el próximo 17 de octubre. La protesta es contra el autoritarismo, la re-militarización, la imposición del bitcoin, la corrupción y demás abusos de poder que caracterizan al mandatario cyan y su gestión presidencial.

A la larga lista de motivos de protesta se suma el nefasto intento de privatizar el agua a través de la Ley General de Recursos Hídricos que pretende aprobar la bancada parlamentaria oficialista, la cual se negó a incorporar las propuestas de la organizaciones sociales en el contenido de dicha normativa. Los diputados bukelistas acordaron extender a 15 años prorrogables los permisos a empresas que explotan comercialmente el agua.

Por tanto, las protestas del domingo son legítimas y necesarias. Desde este espacio editorial animamos a toda la población decente, honrada y trabajadora a sumarse a las movilizaciones para que éstas sean masivas como las del pasado 15 de septiembre.

Sólo así el aspirante a dictador se verá obligado a contener sus ansias autoritarias, cumplir sus promesas de gobierno y centrarse en la búsqueda de soluciones reales a los problemas del país, pues eso es lo que la gente quiere y por lo que la mayoría votó por él.

Bukele debe tener claro que nadie votó por el desmantelamiento institucional, el endeudamiento público, la negociación con las maras, la falta de transparencia o la imposición de políticas monetarias. La gente votó por una verdadera democracia, más transparencia y por la solución a la pobreza, la violencia y demás problemas que los gobiernos anteriores no resolvieron.

Así que frente al incumplimiento de estas promesas presidenciales la población debe manifestarse, porque -además- es su derecho.

La ciudadanía, incluso, tiene derecho a la insurrección -establecido en el artículo 87 de la Constitución de la República- cuando haya sido alterado en orden institucional, lo cual ya sucedió el 9 de febrero de 2020 cuando Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa acompañado de militares y policías, el 1o. de mayo de 2021 cuando la nueva mayoría parlamentaria oficialista destituyó en forma fulminante a los magistrados de la Sala Constitucional y el pasado 3 de septiembre cuando la Sala impuesta por el bukelismo autorizó la reelección presidencial.

Esperemos pues que las movilizaciones sociales iniciadas el 15 de septiembre y que continuarán este 17 de octubre crezcan hasta convertirse en una verdadera insurrección popular. El país lo necesita con urgencia.

Ojalá que así sea.