//Advierten reducción de cooperación por Ley de Agentes Extranjeros

Advierten reducción de cooperación por Ley de Agentes Extranjeros

Por Red Informativa de ARPAS

Diversas organizaciones sociales se pronunciaron contra la propuesta de “Ley de Agentes Extranjeros” (LAEX) presentada  a la Asamblea Legislativa por parte del gobierno de Nayib Bukele, la cual busca “transparentar” el uso de recursos proveniente de donantes.

Las organizaciones destacaron que uno de los principales problemas que tendrá el país, si esta ley es aprobada, será la “estrepitosa caída de la cooperación internacional”. “Con la aprobación de esta ley las grandes perdedoras serán las comunidades que se han organizado para gestionar bienes y servicios que el Estado salvadoreño no ha sido capaz de garantizar”, señalan en un comunicado.

Comunicado-LAEX

Ayer se conoció que la Embajada de Alemania detuvo el proceso de selección de “proyectos comunitarios” que buscan cooperación de este país, debido a “una posible afectación de las ONGs con las que la Embajada de Alemania” con la eventual aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.

Amalia López, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, reiteró que las principales afectadas, más allá de la organizaciones, serán las comunidades que son beneficiadas con proyectos que buscan atender diferentes derechos. Respecto a la decisión de la Embajada Alemana, López la calificó como “valiente” y adjudicó la decisión al cobro del 40 % que establece la LAEX.

La activista de derechos humanos cuestionó que “cómo es posible que las grandes fortunas en esta país no pague ni siquiera el impuesto que debería, que en sus empresas encuentren mecanismos para no pagar impuestos y hasta robarse el IVA, y a nosotros que con esfuerzo conseguimos que los ojos de las naciones de fuera nos miren, nos quieran extorsionar con un 40 %”.

Declaraciones de Amalia López, integrante de la Alianza contra la Privatización del Agua.

Las organizaciones advirtieron que, como ya ocurrió con la Embajada Alemana, otras podrían tomar la decisión de retirar su cooperación con el país. “Para un cooperante no va a ser atractivo que tenga que pagarle 40 % de su donación al gobierno, se van a ir a otros países donde el 100 % de la ayuda va a ir a la población beneficiaria. Es un desincentivo para la cooperación”, expresó Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS.

Herrera agregó que en los territorios las alcaldías ya no cuentan con los fondos suficientes para ejecutar obras de servicio social, lo cual se agravará si la Ley de Agentes Extranjeros se aprueba.

Declaraciones de Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS.

Adalberto Blanco, integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, explicó que cerca de 598 proyectos estarían en riesgo, “se va a perjudicar atención en salud, asistencia humanitaria, libertad de expresión, construcción de democracia, violencia de género. Todos estos proyectos no están dirigidos al gobierno, se formula en función de garantizar derechos que han sido negados históricamente para la población”.

Declaraciones de Adalberto Blanco, integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.

Las organizaciones exhortaron a la población a sumarse al rechazo a esta normativa que podría aprobarse en los próximos días en la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo.

CIDH pide no aprobación de Ley de Agentes Extranjeros

A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría de Libertad de Expresión, pidieron a la Asamblea Legislativa no aprobar la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros.

“La Comisión y la RELE consideran que, de ser aprobada, la iniciativa podría restringir el funcionamiento legítimo y las actividades de individuos y organizaciones de la sociedad civil que actúan en la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, quienes en ocasiones reciben recursos de cooperación internacional para su desarrollo”, señalan.

Y agregan identifican como un grave problema que “la norma exige, en un lapso corto de tiempo, la observancia de requisitos administrativos y de tributación potencialmente arbitrarios o desproporcionados, también posibilitando la aplicación de penalidades graves a las personas naturales y jurídicas que no se adecuen a estas disposiciones; por lo que también tendría efectos en el ejercicio de la libertad de asociación y de expresión”.