El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo esta semana que la llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (que en este espacio editorial etiquetamos como “Ley Ortega” debido a su parecido con una normativa que impera en Nicaragua) no será aprobada “hasta que haya consenso” y que “la cooperación y la sociedad civil se sientan cómodas”.

Enhorabuena que el oficialismo parlamentario haya detenido la promulgación de esta normativa tan contraproducente para los intereses nacionales y perjudicial para los derechos de la gente. La sensatez y la prudencia no son características del bukelismo, pero esta vez -y gracias al rechazo de las organizaciones sociales y la presión de la cooperación internacional- ha retrocedido momentáneamente en su intento de aprobación rápida de la nefasta ley.

Tal como han señalado diversos juristas, analistas y periodistas, la “Ley Ortega” es una normativa discrecional, ambigua, arbitraria y desproporcionada, en total contrasentido a como debe ser cualquier marco legal que pretenda regir algún aspecto de la vida de la sociedad. Por tanto, debe ser archivada y mandada al basurero que sería el oscuro lugar de las malas intenciones políticas de donde salió.

La cuestionada ley, además de controlar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y censurar a medios de comunicación alternativos, afectaría gravemente los derechos de la población beneficiada de miles de proyectos si las agencias de cooperación retiraran los fondos dado que se les impondría un leonino impuesto del 40%.

En ningún otro país al gobierno se le ha ocurrido semejante estupidez de gravar de esa manera a la cooperación internacional, solo a la administración Bukele en su condenable afán de silenciar voces críticas y desmantelar a todo lo que en su sesgada visión considera oposición política. El Salvador sería el único en el mundo que pone altos impuestos a la cooperación solidaria.

En tal sentido, es necesario que las organizaciones sociales y las instancias de cooperación extranjera sigan presionando hasta que el oficialismo desista en forma definitiva de aprobar la normativa en cuestión.

Ojalá que el grueso de la población también se sume a este rechazo, porque con la “Ley Ortega” podrían quedar sin financiamiento diversos proyectos agua potable y servicios básicos para comunidades pobres, protección ambiental y saneamiento, prevención de la violencia contra la mujer, bioseguridad ante la pandemia de COVID-19, iniciativas productivas, capacitación a jóvenes, empoderamiento de derechos, atención en salud, emprendedurismo, apoyo a sectores vulnerables, entre otros.