Hoy es el “Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas”, establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Dicha conmemoración -seguramente- pasará desapercibida para la mayoría de personas para quienes los crímenes contra periodistas no tienen que ver con la realidad salvadoreña, sino únicamente de países como Honduras o México, donde frecuentemente son asesinados periodistas.

De hecho, el vicepresidente de República, Félix Ulloa, declaró en su reciente gira por Europa que “en El Salvador existe plena libertad de expresión e información” y que “el presidente Nayib Bukele ha sido tolerante con periodistas críticos que deberían ser procesados por difamación”.

El vice mandatario puso como ejemplo que “en el país no hay ningún periodista preso”. Y, ciertamente, en esto último Ulloa tiene razón, pues hasta ahora ningún periodista ha sido encarcelado debido a su labor informativa; sin embargo, el periodismo crítico enfrenta permanentes obstáculos y vulneraciones perpetradas desde el gobierno, que han sido denunciados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Mesa de Protección a Periodistas.

En primer lugar, el cierre total del acceso a la información pública en las instituciones estatales, con el desmantelamiento de la Oficinas de Información y Respuesta (OIR), la cooptación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la aprobación de la “Ley Alabí” y otras acciones que afectan la labor periodística, impiden la rendición de cuentas pública y promueven la corrupción.

En segundo lugar, un “discurso de odio” contra periodistas y medios críticos, pregonado por el presidente Bukele y repetido por sus funcionarios y fanáticos en redes sociales, el cual descalifica y estigmatiza. Esta “narrativa anti prensa” provoca amenazas y agresiones contra periodistas, violencia física que podría llevar al asesinato de periodistas, tal como ya sucedió con activistas de partidos opositores que previamente habían sido demonizados por el relato presidencial.

Y en tercer lugar, la censura descarada contra medios investigativos que han sido obligados por tribunales judiciales a retirar publicaciones que han incomodado a actores estatales, por ejemplo: un reportaje de la revista Factum sobre el asesino serial de Chalchuapa que desmentía el relato oficial sobre este horrendo caso y una nota del periódico GatoEncerrado que desnudaba la falta de integridad moral de fiscal Rodolfo Delgado impuesto por el bukelismo.

Así que, aun cuando todavía no hay periodistas presos, sí existe un permanente acoso y censura gubernamental, como señala César Castro Fagoaga, director de Factum y presidente de APES, para quien “el periodismo salvadoreño está bajo ataque”. Esos ataques están impunes, y por eso es importante recordar hoy con UNESCO el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.