La auto denominada “bancada cyan” y los demás grupos parlamentarios que obedecen órdenes de Casa Presidencial aprobaron la semana pasada la cuestionada Ley de Recursos Hídricos propuesta por el Ejecutivo, normativa que abre las puertas a la privatización del agua.

Tras engavetar la referida ley durante unos tres meses, los diputados oficialistas la sacaron en la última sesión plenaria del año para aprobarla en uno que podría considerarse “madrugón legislativo”, en el que también aprobaron el presupuesto estatal del año 2022 y reeligieron al fiscal general bukelista impuesto el pasado 1o de mayo.

¿Y por qué es una “ley privatizadora”, si la narrativa oficial que la justifica dice lo contrario? ¿Por qué, si incluye el concepto de derecho humano al agua, el ente rector estará integrado sólo por funcionarios gubernamentales y una diputada hasta lloró emocionada por aprobar una ley que -según ella- será beneficiosa para la población?

Hay dos razones, una directa y otra indirecta, por las que esta normativa será propicia la privatización del vital líquido. La primera se debe a la asignación de permisos por 15 años o más a las empresas que hacen negocio con el agua, sin importar que haya escasez o surja una mayor demanda de uso doméstico en el futuro cercano.

Es una ley pensada para asegurar el lucro de los mercaderes del agua y no para garantizar el acceso de la población al vital líquido. De hecho, el presidente legislativo Ernesto Castro dijo  que la ley “dará seguridad jurídica a los inversionistas” y las organizaciones sociales denunciaron que no fueron tomadas en cuentas sus propuestas, sino únicamente las del sector privado.

Y la segunda razón tiene que ver con el ente rector. En políticas públicas no siempre lo estatal-gubernamental es antítesis de lo privado-empresarial, sino que depende del enfoque, los intereses y el proyecto político que impulsen los tomadores de decisiones. Ciertamente la ley aprobada no incluye a representantes empresariales; sin embargo, la perspectiva del actual gobierno es neoliberal y pro empresarial, por tanto las políticas hídricas podrían responder más a intereses privados que a los derechos de la ciudadanía.

Hasta ahora la administración Bukele no ha demostrado seguir una perspectiva público-ciudadana, sino una directriz claramente neoliberal y anti ecológica. Por eso no quiso ratificar el acuerdo de Escazú, autoriza proyectos nocivos con el ecosistema y pone al “desarrollo” por encima de la protección ambiental, la sustentabilidad y la vida.

En tal sentido, la Ley de Recursos Hídricos no está pensada para asegurarle agua suficiente y de calidad a la población, resolver el deterioro de los bienes hídricos y contribuir a la reversión de graves problemáticas ambientales, sino a asegurar el negocio de grandes empresas privadas como Urbánica, la Constancia, entre otras;  aunque la propaganda gubernamental lo niegue.