Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía vía Twitter Norman Quijano
Con 66 votos a favor, diputados oficialistas aprobaron quitar la inmunidad parlamentaria al actual diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) Norman Quijano, quien es acusado por la Fiscalía General de la República de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Quijano deberá suspender el ejercicio de sus funciones y no podrá continuar en su cargo.
En medio de cuestionamientos por expertos del derecho que señalaron irregularidades en el proceso de antejuicio, la Asamblea convocó a una sesión plenaria extraordinaria, en la que diputados de Nuevas Ideas que conformaron la comisión especial de antejuicio presentaron el dictamen favorable para desaforar a Quijano, al concluir que contaban con pruebas suficientes para hacerlo.
Durante la sesión los diputados de ARENA abandonaron las instalaciones del salón azul. El jefe de fracción de dicho instituto político, René Portillo Cuadra, explicó que la decisión fue por considerar que la Asamblea Legislativa no es competente para conocer del proceso de desafuero de un miembro del PARLACEN.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudada, explica que el Estado salvadoreño no puede interponer normativas internas sobre la obligación internacional adquirida al ratificar el Protocolo Constitutivo del PARLACEN y sus reformas, por lo que debe respetar el debido proceso en casos como el de Quijano.
El artículo 29 del Reglamento Interior del PARLACEN, señala que “la petición para la suspensión de la inmunidad parlamentaria de una diputada o diputado centroamericano debe ser dirigida a la presidenta o presidente del PARLACEN, contenida en un suplicatorio, que debe ser remitido, por la autoridad competente del Estado solicitante”.
En ese sentido, Escobar expresa que la decisión de los diputados oficialistas “carece de validez jurídica” y no tendrá valor cuando el caso se traslade a otras instancias como la INTERPOL.
Funcionarios de Bukele también pactaron con pandillas
Quijano es acusado por negociar con miembros de pandillas, mismo señalamiento hecho contra el director de Centros Penales, Osiris Luna y al director de Tejido Social, Carlos Marroquín.
Un reportaje periodístico, basado en una investigación realizada por exfiscales, evidenció que funcionarios de gobierno de Nayib Bukele, entre ellos Luna y Marroquín, sostuvieron negociaciones con miembros de estructuras criminales. Señalamientos que refuerza el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien sancionó a dichos funcionarios por “participar en negociaciones encubiertas con líderes de pandillas”.
Pese a los señalamientos, los funcionarios continúan en sus cargos y no hay investigación en su contra.
