//El Mozote: familiares de víctimas reclaman justicia

El Mozote: familiares de víctimas reclaman justicia

Por: Red Informativa de ARPAS/Foto: Cortesía

Familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote reclamaron al Estado salvadoreño justicia por este horrendo crimen en el que fueron cruelmente asesinadas más de mil personas inocentes, entre éstas más de 400 niños y niñas. Esto, en el marco de la conmemoración del 40 aniversario de este hecho atroz, considerado como la peor matanza de civiles cometida durante la segunda mitad del siglo veinte en América Latina

La masacre de El Mozote fue perpetrada durante los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en los inicios de la guerra civil salvadoreña, por el ejército gubernamental como parte de su estrategia de “tierra arrasada” implementada por Estados Unidos en la guerra de Vietnam y por los militares guatemaltecos en los años setenta del siglo pasado contra comunidades indígenas.

40 años de impunidad

Las autoridades estatales siempre negaron e intentaron ocultar la masacre, pero el testimonio de la sobreviviente Rufina Amaya y el trabajo de los familiares de las víctimas fue clave en la lucha tenaz por el conocimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la aplicación de justicia contra los victimarios.

Ante la negativa de la Fiscalía y los tribunales judiciales nacionales, y con apoyo de organizaciones de derechos humanos, recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, logrando en el año 2012 una sentencia de condena contra el Estado salvadoreño. Dicha sentencia ha sido cumplida a medias en las medidas relacionadas con la reparación moral, pero sigue pendiente condenar a los responsables.

Tras la derogación de la Ley de Amnistía en 2016, inició un proceso judicial que avanzó significativamente en los últimos años en el Juzgado de Instrucción de Francisco Gotera; sin embargo, éste se encuentra actualmente paralizado luego que el presidente Nayib Bukele negara el acceso a los archivos militares y su bancada legislativa aprobara una cuestionada reforma a la Ley Orgánica Judicial que provocó la retirada del juez Jorge Guzmán, quien llevaba el caso.

Leonel Tobar, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote. Video: Karla Arévalo, EDH.
David Morales, abogado de Cristosal y representante legal de las víctimas. Video: Radio Segundo Montes.

Estados Unidos “colabora” pero “no pide perdón”

Una de las novedades en la conmemoración del 40 aniversario de la masacre de El Mozote el pasado fin de semana fue la presencia del máximo representante de la embajada de Estados Unidos, el encargado de negocios Brendan O’Brien, quien anunció que el gobierno de su país ha enviado al tribunal del caso información desclasificada sobre la masacre.

El diplomático estadounidense, sin embargo, omitió reconocer la responsabilidad estadounidense en la masacre, sobre todo el hecho de haber entrenado en la “Escuela de Las Américas” al tenebroso “Batallón Atlacatl” que perpetró la matanza. Estados Unidos, además, durante toda la guerra apoyó financieramente, dio asesoría militar y proporcionó apoyo logístico a las fuerzas armadas salvadoreñas.

Declaraciones del Encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Brendan O’Brien.

Bukele incumplió promesa de “hacer justicia”

Al inicio de su gobierno, Nayib Bukele se reunió en Casa Presidencial con los familiares de la víctimas y les prometió apoyo para hacer justicia. Sin embargo, sus acciones posteriores echaron al traste la referida promesa: negando el acceso a los archivos militares, propiciando la salida del juez Guzmán y abordando demagógicamente el caso.

De hecho, el mandatario fue a El Mozote un día antes de la conmemoración de las comunidades y sin coordinar con la asociación de familiares de las víctimas. En su discurso volvió a culpar a los gobiernos anteriores por la falta de justicia, pero no explicó por qué el suyo hace lo mismo a pesar de controlar la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

Tras el anuncio presidencial de que se harán nuevas obras físicas para la comunidad, inició la demolición de puestos de ventas de artesanías y de una casa comunal. Pobladores temen que también sean destruidos murales, monumentos y otros inmuebles que constituyen un patrimonio histórico y cultural del país.