Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía YSUCA
El exfiscal de la Unidad de Anticorrupción, German Arriaza, confirmó las investigaciones del caso “Catedral”, sobre negociaciones entre el gobierno de Nayib Bukele y estructuras criminales. Asimismo señaló que a través del Fiscal General impuesto, Rodolfo Delgado, se desarticuló la unidad y la investigación fue anulada.
«Nuestras investigaciones fueron las que llevaron al gobierno a disolver el organismo anticorrupción», dijo Arriaza.
Estas declaraciones, las brindó a la agencia internacional de noticias Reuters y explicó que Delgado lo citó el 5 de mayo de 2021, para cuestionarle sobre los casos que investigaba en los que estaba involucrado el gobierno.
En ese momento el ex fiscal dice que le mencionó el “Caso Catedral”, en el que se confirmaba que actuales funcionarios cercanos a Bukele tenían acuerdos con miembros de pandillas. Horas después, Arriza fue removido de su cargo y nombrado como asesor de la escuela de capacitación fiscal.
Sin embargo, “temiendo represalias por parte del gobierno salvadoreño” él y el resto de fiscales a cargo de la investigación tuvieron que salir del país o fueron trasladados.
Sobre la investigación
La investigación encabezada por Arriza, recopiló “evidencia documental y fotográfica” de las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en 2019, y mediante las que se llegó a un acuerdo para reducir homicidios y ayudar a Nuevas Ideas a ganar las elecciones legislativas en febrero de 2021.
Según Arriza, su unidad elaboró un informe de la investigación que inició en 2020, “a partir de escuchas telefónicas, imágenes de cámaras de seguridad, fotografías, documentos incautados y discos duros”, en el que también se detalla evidencias sobre malversación de fondos penitenciarios y el gasto ilícito durante la pandemia dentro de varios ministerios del gobierno.
Señalamientos y sanciones
El medio digital El Faro publicó en agosto de este año una investigación periodística que revela las negociaciones entre funcionarios de Bukele y miembros de estructuras criminales.
Entre los funcionarios involucrados en el caso figuran el Director de Centros Penales, Osiris Luna, y el Director de Tejido Social, Carlos Marroquín, a quienes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya aplicó sanciones por dichos actos.
La congresista demócrata, Norma Torres, reaccionó ante la publicación de la agencia internacional y señaló “este informe confirma lo que ya sabíamos: Bukele está haciendo pactos secretos con bandas violentas mientras cierra las investigaciones sobre sus tratos corruptos y peligrosos”.
El medio digital, Reuters, afirmó que el informe obtenido por ellos presenta “transcripciones de los fiscales de supuestos mensajes de audio de los teléfonos de los pandilleros, demandas escritas a mano supuestamente de las pandillas, anotaciones en el libro de registro que detallan los presos que presuntamente se reunieron los funcionarios del gobierno”.
German Arriza, también lideró las investigaciones en casos contra Alba Petróleos El Salvador, la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia y acusó civilmente en el caso Taiwán.
“Fui fiscal del gobierno durante más de 18 años, he procesado casos de corrupción en todo el espectro político (políticos, jueces, policías, pandilleros, narcos), pero esta es la primera vez que sentí que tenía que irme”, dijo, desde el exilio, el ex fiscal a la agencia Reuters.
