Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía Asamblea Legislativa
La bancada de diputados de Nuevas Ideas y aliados decidieron aprobar, en la última sesión plenaria del año, la rechazada Ley General de Recursos Hídricos; la reelección del fiscal General Rodolfo Delgado, quien es considerado por la oposición como funcionario “cercano” al gobierno de Nayib Bukele, y el Presupuesto General de la Nación 2022.
Elección del Fiscal, un proceso viciado
Rodolfo Delgado fue impuesto como Fiscal General de la República el 1 de mayo de este año con la entrada de la Nueva Asamblea Legislativa. El pasado 22 de diciembre fue reelecto con 66 votos de diputados oficialistas en medio de cuestionamientos a su trabajo y falta de independencia. Su nuevo período finalizará el 5 de enero de 2025.
Para el experto en transparencia, Wilson Sandoval, es importante tener en cuenta que el cargo que ostentó Delgado desde mayo es ilegal. En cuanto al proceso de elección para el nuevo periodo, Sandoval señala que no hubo participación ciudadana ni transparencia.
El abogado lamentó que la Asamblea Legislativa evada los requisitos para elegir a las personas idóneas como funcionarios y cuestionó la postura de algunos legisladores que consideran que “el cariño o la simpatía que la ciudadanía para con el señor Delgado son razones suficientes para poderlo elegir”. “A todas luces se ve que no hay criterios técnicos de la elección del fiscal para este periodo. Entonces me parece que es un proceso al final viciado”, dijo Sandoval a la Red Informativa de ARPAS.
Sandoval agrega que la responsable de la continuidad de procesos de elección “anómalos” es la Asamblea Legislativa, pues -aunque ofrecieron algo “nuevo”- repite patrones y esquemas para colocar en los cargos a personas que responden a intereses partidarios, tal como se hizo en administraciones anteriores.
Recientemente el ex fiscal antimafia, German Arriza, dijo a una agencia internacional de noticias que el gobierno de Nayib Bukele, a través de Rodolfo Delgado, desarticuló la Unidad Anticorrupción y anuló la investigación que ésta realizaba sobre las negociaciones entre funcionarios del gobierno de Bukele y estructuras criminales.
Presupuesto 2022
El 22 de diciembre también se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2022 por un monto de $7,967.7 millones. Entre las novedades del presupuesto, está la reorientación de $293,036,240 para la Dirección Nacional de Obras Municipales.
Para educación destinan $1,470 millones, lo que equivale a un 9.3 % más que en el 2021. En cuanto a salud, los fondos destinados son de $1,083 millones, mientras que para el rubro de Seguridad y Defensa, el Gobierno asignó $890 millones, un incremento del 3.9% respecto al año en curso.
El proceso de discusión del presupuesto ha sido cuestionado por economistas y la oposición. La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, defendió su voto en contra señalando que “el gobierno no es transparente” y que “la brecha del presupuesto no es de $498 millones, sino de $1209 millones, y sigue aumentando”.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que la situación fiscal del país “sigue siendo crítica» y que «se han agravado las dificultades en el acceso al financiamiento internacional», citando la no concreción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.300 millones de dólares.
Por ello recomendó a la Asamblea Legislativa liquidar el fideicomiso estatal de 150 millones de dólares, invertidos en implementación del bitcóin, para sumar dichos recursos al presupuesto estatal de 2022 y así reducir el déficit del mismo.
Pese a los señalamientos y cuestionamientos por falta de discusión y con mínimas modificaciones, el presupuesto fue aprobado por los diputados de Nuevas Ideas, quienes solicitaron omitir la lectura del dictamen que lo contenía.
Ley que no garantiza el derecho humano al agua
Los parlamentarios de la “Bancada Cyan” también aprobaron la Ley General de Recursos Hídricos, iniciativa presentada en junio por el gobierno de Nayib Bukele y que según organizaciones ambientalistas favorecerá a las grandes empresas.
La cuestionada normativa otorga a las empresas 15 años de permiso de extracción de agua, por lo que las organizaciones advierten que la Ley “favorece el robo y el despojo del agua en los territorios por parte de las oligarquías y sus grandes empresas; en otras palabras, la Ley aprobada transformará lo que ahora son acciones ilegales y abusos, en derechos de las empresas”.
Las decisiones de la Nueva Asamblea Legislativa han sido consideradas como impuestas desde el Ejecutivo e inconsultas.