Recientemente el Ejecutivo anunció la realización de un Foro Intergubernamental sobre Minería, Metales y “Desarrollo Sostenible”, al mismo tiempo que la Asamblea Legislativa aprobó una nueva Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

El oficialismo (el gobierno y sus diputados) hace esto a pesar de que existe una Ley de Prohibición de la Minería Metálica aprobada en marzo de 2017 por todos los grupos parlamentarios, la cual proscribe en forma definitiva la exploración y explotación minera en nuestro país.

La unanimidad en la promulgación de dicha normativa fue resultado de un amplio consenso nacional anti minero, es decir: el convencimiento de los más diversos sectores nacionales sobre que no es viable realizar proyectos extractivos debido al grave deterioro ecológico y la alta vulnerabilidad socio-ambiental del país.

Comunidades, organizaciones sociales, universidades, iglesias, instancias estatales y hasta gremiales empresariales estuvieron de acuerdo en que la minería metálica sería el acabose nacional debido a la estrechez territorial, la sobrepoblación y la crisis hídrica.

Ejemplarmente El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir terminantemente los proyectos mineros. El país, incluso, ganó una demanda interpuesta por una empresa minera en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias y Controversias sobre Inversiones (CIADI), un tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial.

En la lucha antiminera también murieron líderes comunitarios y ambientalistas asesinados por oponerse a la minería de metales en el departamento de Cabañas, crímenes que -por cierto- están impunes hasta ahora.

A pesar de todo esto, el bukelismo podría estar considerando la minería metálica en su desesperada búsqueda de ingresos ante la falta de aprobación de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros multilaterales.

La posible apertura a los proyectos extractivos coincide con el anuncio presidencial de la creación de “ciudades privadas” y la aprobación de una ley para realizar expropiaciones, probablemente para desalojar a comunidades que se opongan a proyectos mineros y la privatización de partes del territorio nacional.

Por tanto, y como bien señala el experto y militante ambiental salvadoreño-estadounidense Andrés McKinley, es urgente encender todas las alertas ante tan graves amenazas, especialmente la minería metálica que -dada su inviabilidad ambiental- pondría en grave peligro la continuidad de la vida en el país.