Por Leonel Herrera*/Foto: Asamblea Legislativa

El principal asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, acaba de hacer “importantes descubrimientos” relacionados con algunos principios elementales de la institucionalidad democrática, que ojalá lo llevaran a recomendar a su jefe, el presidente Nayib Bukele, que gobierne acorde y consecuente con dichos principios y que revierta la deriva autoritaria que caracteriza a su gestión.

Tras las sanciones económicas de Estados Unidos contra tres funcionarios salvadoreños por negociaciones con pandillas y actos de corrupción, Argueta se quejó en una entrevista televisiva por la supuesta afectación al debido proceso, presunción de inocencia, derecho de audiencia y al honor de los funcionarios señalados. Por lo cual dijo haberles sugerido apelar a los mecanismos legales del país sancionador, utilizar la Ley de Rectificación y Respuesta e -incluso- “demandar a los periodistas y medios que publicaron la información”.

Como acertadamente han señalado periodistas y analistas en redes sociales y medios de comunicación, la queja del flamante asesor presidencial está cargada de ironía y cinismo porque reclama respeto a principios que el gobierno de Bukele ha violentado flagrante y sistemáticamente en el marco de su arremetida contra la institucionalidad, la eliminación de la separación de poderes y el grave retroceso democrático.

Argueta clama por el debido proceso después de avalar la destitución arbitraria, injustificada e ilegal del anterior fiscal general,  de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y de un tercio de los jueces del sistema judicial, a quienes -entre muchas otras cosas- se les negó el derecho de audiencia. El fiscal y los magistrados fueron destituidos de manera fulminante por la súper mayoría parlamentaria oficialista en su primera sesión plenaria el pasado 1o de mayo; y los jueces fueron obligados a “jubilarse” mediante una cuestionada reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

El asesor presidencial también pide respeto a la presunción de inocencia y al derecho de audiencia, como si el linchamiento político y las condenas mediáticas contra críticos, disidentes u opositores no fueran la práctica de la administración Bukele. Todavía más irónico y cínico resulta criticar los supuestos “daños al honor” contra los funcionarios sancionados, como si este gobierno no hubiera instaurado la difamación, la mentira y los discursos de odio como estrategia de comunicación.

Claramente Argueta no tiene solvencia moral para exigir respeto a la institucionalidad y a las reglas democráticas, si el gobierno al cual sirve se caracteriza -precisamente- por violentarlas  impunemente. Sin embargo, es bueno que el asesor presidencial “haya descubierto” lo importante que es respetarlos, pues tal vez -ahora que recibe algo de su propia medicina- el bukelismo se comporta democráticamente y restablece el orden institucional que ha desmantelado en tiempo record durante dos años y medio de gobierno.

Argueta, en su lamento, se acordó -además- que existe la Ley de Rectificación y Respuesta (aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 2013). Así que, ojalá de ahora en adelante Bukele y sus funcionarios recurran a esta olvidada normativa cuando quieran responder a una información que consideren falsa, inexacta o difamatoria, en vez de atacar en redes sociales y amenazar a los periodistas y medios que la han publicado o sugerir a los funcionarios demandarlos penalmente.

*Periodista. Director ejecutivo de ARPAS.