El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó nuevamente al presidente Nayib Bukele a eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal, señalando “graves riesgos para la estabilidad financiera y la protección de los consumidores”.

El llamado de dicho organismo financiero internacional coincide con la estrepitosa caída del cripto activo, que disminuyó su valor de 55,000 dólares a menos de 35,000, ocasionando a El Salvador pérdidas por  unos 25 millones de dólares en solo cuatro meses.

Ciertamente el bitcoin debe ser eliminado, no porque lo diga el FMI (que no es una instancia benéfica interesada en el bienestar del país y de  gente); sino porque es una apuesta fracasada que solo genera pérdidas, incertidumbre y corrupción en el uso de fondos públicos que Bukele dispone desde su celular sin ningún control.

Por algo la gran mayoría de la población lo rechaza: alrededor del 70% de los encuestados en el último estudio de opinión pública de la UCA, porcentaje que no ha variado desde que se aprobó la Ley del Bitcoin en septiembre del año pasado.

Es probable que el Bitcoin también se use para ocultar dineros provenientes de la corrupción y otras actividades ilícitas o sirva como nuevo paraíso fiscal para grandes evasores de impuestos. Además de fraudes financieros y el robo de datos a través de la billetera digital “Chivo Wallet”.

Bukele vendió el Bitcoin como panacea para resolver el problema de las finanzas públicas y atraer inversiones, por eso hasta ofreció construir una ciudad privada para los “bitcoiners” y anunció la emisión de bonos en bitcoin por 1,000 millones de dólares.

El presidente debería ponerse serio, aceptar su fracaso y asumir que los problemas son más complejos de lo que él imagina y que no se resuelven inventando cosas mágicas o con propaganda. Y que la solución del déficit de las finanzas públicas no es imponer el uso de un activo digital que ni siquiera es moneda.

Tampoco es solución el financiamiento del FMI que sólo busca asegurar que el país le pague su deuda y que se endeude más y -de paso- imponer su recetario fiscal neoliberal: subir el IVA, reducir pensiones, eliminar subsidios y reducir el “gasto público”.

Ni siquiera lo son préstamos exprés que pudieran otorgar países con gobernantes autoritarios, a los que Bukele acuda para suplir la negativa del FMI y la inviabilidad de sus bonos en bitcoin.

Como hemos dicho tantas veces en editoriales anteriores, la solución pasa por una profunda reforma tributaria progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, a través de impuestos directos al patrimonio de los más ricos, a la gran ganancia empresarial, grandes transferencias financieras y a los bienes y servicios de lujo.

Esto incluye también una persecución real a la evasión y elusión tributaria, desprivatizar las pensiones, renegociar la deuda externa, evitar la corrupción y reducir los gastos inútiles en propaganda, asesores y lobistas.

Ojalá Bukele deje de jugar y asuma el rol que le corresponde como presidente.