La Sala de lo Constitucional impuesta ordenó la semana pasada reabrir el “Caso Jesuitas”, anulando un fallo de la Sala de lo Penal que lo dio por cerrado en septiembre de 2020. En reacción, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) pidió participar en el proceso y que éste “no sea utilizado políticamente”.

La postura de la UCA es comprensible, ya que existen razones por las cuales desconfiar de los magistrados bukelistas y dudar de que su resolución tenga un verdadero propósito de justicia.

Una es que buscar la verdad, la justicia y la dignificación de las víctimas no son una apuesta del oficialismo. La actitud presidencial frente a la masacre de El Mozote es ilustrativa: Nayib Bukele no quiso abrir los archivos militares, ha insultado la memoria de las víctimas y una reforma a la ley judicial propició la retirada del juez que llevaba el caso en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera.

Lo confirma también el rechazo a la “Ley de Reconciliación”, para cuya aprobación Nuevas Ideas y sus aliados parlamentarios tienen votos más que suficientes. La referida normativa, propuesta por organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, fue enviada al archivo junto con otras propuestas de ley en mayo de 2021.

Otro razón para poner en duda lo actuado por la Sala impuesta es la estrecha alianza política del bukelismo con los militares, pues -si bien la cúpula castrense que asesinó a los padres jesuitas y a sus colaboradoras ya está fuera del Ejército- para el “Clan Bukele” es importante no enviar “malos mensajes” al estamento militar. Ésta es también la razón por la que -entre otras omisiones- el presidente no abrió los archivos militares “de la A a la Z”, como había prometido a los familiares de las víctimas de El Mozote.

A las anteriores se agrega el contexto de hostilidad del oficialismo hacia la UCA debido a su postura crítica del autoritarismo bukelista: funcionarios gubernamentales, diputados y otros personeros del oficialismo han difamado, calumniado y atacado a la universidad jesuita. En este marco, la reapertura del caso hasta podría ser una provocación.

Finalmente, reabrir un caso tan emblemático como la masacre en la UCA, tan sonado nacional e internacionalmente, podría tener el propósito de legitimar a la Sala de lo Constitucional nombrada por el oficialismo sin seguir el proceso correspondiente de selección, tras la destitución arbitraria e ilegal de los anteriores magistrados.

Por tanto, la resolución sería un intento de los magistrados impuestos de “lavarse la cara” y de quitar el sesgo anti verdad, anti justicia y anti víctimas que marca en forma indeleble al gobierno de Bukele y sus hermanos.