Las posibilidades de reivindicar derechos y lograr políticas reales en favor de la gente pasa por librar con éxito dos luchas sociales urgentes. Una tiene que ver con la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el acceso a la información pública; y la otra se refiere a la institucionalidad, el estado de derecho, la independencia judicial y la separación de poderes.

Ambos ámbitos suenan a veces algo abstractos o alejados de la cotidianidad de la población, pero no. Al contrario, tienen que ver directamente con aspectos concretos de las personas: seguridad pública, costo de la vida, acceso al agua, atención en salud, oportunidades de trabajo, etc.

El derecho de expresión y la libertad de prensa son indispensables para incidir en el debate público y presionar a las autoridades para que atiendan demandas de la gente y resuelvan problemas que vulneran sus derechos; mientras que el acceso a la información es condición básica para exigir transparencia, rendición de cuentas y uso correcto de fondos públicos.

Un pueblo que se expresa libremente y se informa adecuadamente tiene más posibilidades de hacer cumplir sus derechos. Por eso defender la libertad de expresión e información es de vital importancia, y éstas han sido gravemente vulneradas por el actual gobierno y enfrentan amenazas cada vez mayores.

De la misma forma, no es posible garantizar derechos y políticas públicas de beneficio ciudadano si las instituciones no funcionan, las leyes no se cumplen, la justicia se aplica selectivamente, los poderes estatales no son independientes y si los funcionarios actúan en forma arbitraria, autoritaria y violentando principios y procesos democráticos.

Por eso es importante defender la institucionalidad y la democracia: está en juego el respeto a derechos fundamentales, la garantía del debido proceso y otros principios elementales vulnerados cuando Casa Presidencial controla al resto de instancias estatales, sobre todo a la Fiscalía y al Sistema Judicial.

Así que el 2022 debe ser el año de lucha prioritaria por la libertad de expresión e información y la institucionalidad, porque -insistimos- no es posible garantizar ningún derecho humano ni conseguir ninguna política pública sin la vigencia práctica de estos tres elementos fundamentales de la democracia.

Esto es importante reiterarlo porque hay narrativas que niegan o minimizan la relación directa de las demandas democráticas con la realidad económica y social de la gente, como si el acceso a información y el desempeño de las instituciones no tuviera que ver con el precio de la comida, las desapariciones, los bajos salarios, la falta de agua, la desatención médica, etc.