Se suponía que las empresas telefónicas ya bloqueaban su señal en los centros penitenciarios, pero resultó que todavía se hacían extorsiones y ordenaban asesinatos desde las cárceles. Ante esto, una de las primeras acciones del Presidente Nayib Bukele fue ordenar y exigir públicamente a estas obscenas compañías que cumplieran dicha disposición.

Lo actuado por el Presidente Bukele es aplaudible, porque estas empresas se lucran con las recargas telefónicas de los extorsionistas y su poder económico (e influencia política) es tan grande que acostumbran doblar las manos del Estado.

Eso sucedió con el impuesto a la telefonía móvil y servicios de internet para financiar las medidas extraordinarias de seguridad, la llamada “contribución especial para la seguridad pública”. El impuesto era inicialmente sobre las ventas de las compañías telefónicas, pero éstas terminaron trasladándoselo a los consumidores y consumidoras.

En este sentido, el Presidente debería presionar para que las telefónicas asuman el impuesto. Durante la campaña electoral Bukele lo prometió y, cuando el candidato de ARENA hizo lo mismo, hasta lo criticó por “copiarle la propuesta”.

Así que el Presidente Bukele debería aprovechar su respaldo social para emplazar a las telefónicas y, si es necesario reformar la ley para hacer que las empresas paguen, podría solicitarlo a la Asamblea Legislativa, con el mismo grado de exigencia con que pide la reorientación de fondos del presupuesto.

En editoriales anteriores hemos insistido en que las principales contribuyentes al financiamiento de las políticas de seguridad pública deberían ser las empresas que se lucran de la situación de violencia e inseguridad que sufre al país, sobre todo los importadores y distribuidores de armas, las empresas de seguridad privada y… las compañías telefónicas.

El resto del dinero debería obtenerse capturando las finanzas y los bienes de los mismos grupos criminales y pandillas, combatiendo la evasión fiscal, cerrando las puertas a la elusión tributaria y terminando el contrabando. Así el gobierno tendría los recursos necesarios para invertir, especialmente en la prevención de la violencia.

Que las telefónicas paguen el impuesto para seguridad, debe ser, pues, la demanda de toda la población consumidora. La seguridad que la paguen los que se lucran de la violencia, no quienes la sufren.