Esta semana se cumplieron los primeros cien días del gobierno presidido por Nayib Bukele Ortez. La ocasión es oportuna para hacer un balance crítico de la gestión que, según una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, cuenta con la aprobación de más del 80% de la población.

Este alto nivel de respaldo popular a la gestión presidencial se debe a que la gente valora muy positivamente tres cosas importantes. Una es la reducción de los asesinatos y la notable mejora en la percepción sobre la seguridad pública; otra es el estilo activo, “comunicativo” y dinámico de gobernar de Bukele Ortez; y finalmente el hecho que la población mantiene grandes esperanzas en que este gobierno “haga las cosas diferente” a como actuaron sus antecesores.

El principal logro del gobierno es el avance en seguridad, principalmente la disminución del índice de homicidios que, según cifras oficiales, bajó a cuatros asesinatos diarios durante el mes de agosto. La duda es si tal situación será sostenible y si las siguientes fases del “Plan Control Territorial” superarán la visión eminentemente represiva y enfatizarán en la prevención de la violencia, rehabilitación de delincuentes y  la atención a víctimas de la violencia.

Y la duda aún mayor es si el actual  gobierno impulsará cambios estructurales en el modelo económico neoliberal que ataquen las raíces del problema de violencia e inseguridad: la exclusión, marginación, desigualdad social y la alta concentración de la riqueza.

La otra acción que Nayib Bukele presentó como gran logro fue la “instalación de la CICIES”, que investigaría la corrupción en el país. Al final, el mandatario sólo anunció la creación de una comisión técnica respalda por la OEA. Así incumplió su cacareada promesa de que, en los primeros cien días, la referida comisión internacional contra la impunidad ya estaría funcionando (metiendo a la cárcel a corruptos y corruptores). De lo dicho por Bukele, se desprende que la CICIES únicamente investigará a instituciones del Ejecutivo, no tendrá facultades para judicializar casos y su rol será similar al de la extinta Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. “La montaña parió un ratón”.

Especialmente preocupante son los graves retrocesos en materia institucional y democrática: sumisión a la política exterior estadounidense, reforzamiento de la lógica neoliberal, actitudes autoritarias, desmontaje de espacios de diálogo social, incumplimiento de debidos procesos y violaciones a derechos laborales de centenares de empleados públicos despedidos injustificadamente.

Todo esto -y eso es lo más grave- con el silencio del resto de la institucionalidad estatal (Asamblea Legislativa, Procuraduría de Derechos Humanos, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, etc.), de las organizaciones sociales (de izquierda y de derecha) y de la mayoría de medios de comunicación.

Los primeros cien días del gobierno, además, se ven empañados por actos de intolerancia a las críticas, “linchamientos” en redes sociales, bloqueos al ejercicio periodístico y discriminación de medios que publican investigaciones sobre posibles delitos de corrupción que involucran al Presidente Bukele y a miembros de su círculo cercano de amigos, familiares y funcionarios. Estos atropellos contra la libertad de prensa han provocado ya la condena de instancias internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Ojalá que Nayib Bukele y compañía cambien de actitud, rectifiquen y no vayan a defraudar a la gente que confía en el nuevo gobierno. Volviendo al alto nivel de aprobación en las encuestas, ojalá que el Presidente no traicione los deseos de cambio y utilice el respaldo popular para entrarle en serio a los problemas del país, sin demagogia, de manera concertada y sin comportamientos antidemocráticos.

Ojalá que así sea.