El Presidente Nayib Bukele ha sugerido que la Asamblea Legislativa, en vez de crear una comisión para investigar al funcionario que acusó a los partidos ARENA y FMLN de “estar detrás” del incremento de los asesinatos, mejor debería instalar comisiones especiales para abordar “temas de interés nacional”.
Bukele propone que los diputados/as aprueben comisiones para analizar el problema de las pensiones, la ley de agua, el voto en el exterior, la ley de reconciliación nacional y la elección de Procurador/a para la Defensa de los Derechos Humanos.
Esta vez el Presidente tiene razón. La Asamblea no debería perder el tiempo investigando a un funcionario que hizo afirmaciones sin tener pruebas y cuando lo increparon dijo irresponsablemente que sólo repitió una “suposición popular”. El flamante Director de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín, debe ser procesado por difamación y calumnias; y para eso los diputados deben demandarlo en la Fiscalía, no crear un Comisión Especial. Ningún funcionario que divulgue chambres o noticias falsas debe quedar impune.
Los/as legisladores -decíamos- más bien deben ponerse a trabajar en los temas nacionales urgentes y saldar la enorme deuda que tienen con la población. En tal sentido, a los temas que menciona el Presidente Bukele, podríamos agregar otros como el combate a la evasión y la elusión tributaria: una comisión para aprobar reformas que cierren las puertas a la evasión del IVA y la renta, derogar o reformar la veintena de leyes que promueven la elusión y aplicar impuestos directos al patrimonio de los más ricos, a la gran ganancia empresarial y a los bienes y servicios de lujo.
La Asamblea también podría crear una comisión para hacer una “auditoría de la deuda pública”, que determine si los préstamos aprobados a los gobiernos anteriores se utilizaron correctamente y plantee una regociación del pago con los acreedores, sobre todo porque el nuevo gobierno (que decía que “el dinero alcanza cuando nadie roba”) está solicitando aprobar más endeudamiento.
Los diputados/as también podrían investigar cómo Casa Presidencial distribuye la pauta publicitaria en los medios de comunicación. Una comisión parlamentaria podría establecer si es en forma equitativa y transparente o si, por el contrario, se basa en la lógica de “premio o castigo” a los medios en función de su política informativa y línea editorial. Dicha comisión podría proponer al pleno un marco normativo basado en los estándares internacionales existentes en esa materia y que son vinculantes para el Estado salvadoreño.
Fuera del tema fiscal-presupuestario, y por falta de espacio, solo proponemos un comisión más: la Asamblea debería investigar sobre el contenido y los alcances de los convenios que el gobierno de Bukele ha suscrito con la Administración racista y xenófoba de Donald Trump en los ámbitos migratorio y de seguridad pública. Estos acuerdos firmados a espaldas de la ciudadanía podrían implicar graves riesgos para la soberanía, la autodeterminación y la seguridad del país.
Ojalá que la Asamblea apruebe estas Comisiones Especiales….