La Alianza contra la Privatización del Agua exigió hoy a la Fiscalía General de la República que no persiga ni criminalice a los defensores del agua en Tacuba, procesados por “usurpación de inmuebles” y otros delitos que no han cometido.

Se trata de David Díaz Aguirre, Marco Antonio Jiménez, Celedonio Martínez Santos, Tomás Humberto Zúniga, Wilfredo Aguilar Rivera, Manuel Bertín Reyes, Luis Álvarez Cabezas y Héctor Antonio Sánchez, líderes de siete comunidades de Tacuba demandados penalmente por el ex alcalde arenero Joel Ramírez Acosta, quien quería expropiarles sus proyectos comunitarios de agua.

El nuevo alcalde Luis Carlos Milla y su consejo municipal retiraron la demanda, pero el fiscal del caso, Miguel Santiago Gross Salazar, se empeña en mantener la acusación contra los representantes comunitarios. La nueva audiencia será a principios de enero de 2020, y la Alianza exige que la representación fiscal retire su querella.

La petición de la Alianza también ha sido planteada por el Foro del Agua y diversas organizaciones nacionales e internacionales, para quienes el proceso judicial contra los defensores del agua en Tacuba es un caso emblemático de criminalización de activistas sociales y de persecución penal contra defensores/as de derechos humanos.

La Alianza denuncia el contraste entre la persecución legal contra los líderes comunitarios y la inacción fiscal contra su verdugo, el ex alcalde Ramírez Acosta, quien ha sido demandado por posibles delitos de corrupción. El ex edil arenero también fue absuelto en agosto del año pasado tras ser detenido conduciendo borracho, portando ilegalmente armas de fuego y acompañado de supuestos miembros de pandillas.

ARPAS, como parte de la Alianza contra la Privatización del Agua, se suma a la exigencia al Fiscal General, Raúl Melara, a que deje de criminalizar y perseguir a los defensores del agua en el municipio de Tacuba.

Ojalá que toda la población honrada, decente y trabajadora exija a la Fiscalía que retire la acusación contra estos defensores de derechos humanos. La institucionalidad de Estado debe defender a los activistas sociales y defensores de derechos, no criminalizarlos o perseguirlos penalmente.

La Fiscalía mejor debería procesar al ex alcalde Ramírez Acosta y demás ex funcionarios acusados de corrupción, a los grandes evasores tributarios, al crimen organizado, y no a personas humildes que defienden sus proyectos comunitarios de agua.