La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) pidió ayer a la Asamblea Legislativa aprobar una ley de reconciliación justa, un sistema de pensiones digno y una ley que garantice el derecho humano al agua. En un pronunciamiento, que ha sido ignorado por la mayoría de medios de comunicación tradicionales y digitales, la jerarquía católica también se solidariza con los migrantes y aboga por el respeto de sus derechos.

Con respecto a la “Ley de Reconciliación Nacional”, la CEDES pide que ésta “asegure la justicia para las víctimas, el conocimiento de la verdad sobre los crímenes cometidos y el debido resarcimiento de los daños”.

En relación a las pensiones, los obispos salvadoreños proponen “un nuevo sistema previsional que garantice el derecho de todos los trabajadores a una pensión digna”. Piden una “ley de pensiones que defienda los intereses de los trabajadores asegurándoles un retiro digno”.

Y sobre el agua, la CEDES exige “una ley que asegure este derecho humano a todos los salvadoreños, mediante una regulación que impida abusos y la privatización del agua”. Sostienen que “el agua, por ser un bien público, debe estar administrada por el Estado, con participación ciudadana”.

El llamado de la dirigencia católica es más que oportuno y debería ser respaldado por toda la población, pues son tareas urgentes que han sido postergadas injustificadamente por los diputados y diputadas.

La aprobación de la Ley de Reconciliación ha sido pospuesta en varias ocasiones, a pesar del reclamo de las organizaciones de derechos humanos, pro-memoria histórica y de familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil. Detrás de estos retrasos está la malévola intención de ciertos diputados que quieren aprobar “una nueva ley de impunidad” que sustituya a la ominosa ley de amnistía derogada por la Sala Constitucional.

La reforma de pensiones también ha sido postergada por la Asamblea, a pesar de que el actual sistema privatizado violenta el derecho de la población trabajadora a una pensión digna y que el pago de la deuda previsional constituye una insostenible carga financiera para el gobierno. El Ejecutivo tampoco ha presentado una propuesta.

Y la Ley General de Agua no se aprueba, debido a la prevalencia de mezquinos intereses privatizadores. Los partidos de derecha se niegan a aprobar la propuesta presentada por las organizaciones populares, la UCA y la Iglesia Católica, que es respaldada por casi el 90% de la población, según la más reciente encuesta de opinión pública del IUDOP.

Ojalá, pues, que los diferentes grupos parlamentarios (y el Ejecutivo) escuchen el llamado de los obispos católicos, que es también el llamado de toda la población que clama justicia para la víctimas, exige el derecho al agua y reclama pensiones dignas.