Lo actuado por Nayib Bukele constituye un episodio lamentable que reedita hechos del pasado autoritario que el país no debe repetir. En un acto de prepotencia, acompañado de militares y policías, el Presidente invadió y “profanó” el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, la tarde del domingo 9 de febrero.

El objetivo expreso del gobernante era lograr que la Asamblea aprobara el controvertido préstamo de 109 millones de dólares para sus planes de seguridad pública; o disolver el Congreso si los diputados no se hacían presentes a la reunión extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros.

Por dicha, el delirio autoritario del mandatario no fue más lejos, no tanto porque Dios le pidió que tuviera paciencia, como él dijo; sino por el generalizado y contundente rechazo de los diversos sectores de la sociedad, organismos internaciones y hasta por la Embajada de Estados Unidos. El embajador Ronald Johnson no tuvo más opción que pronunciarse -al menos públicamente- en favor del “diálogo y el respeto a la Constitución”.

Ni siquiera FUSADES o la ANEP validaron los argumentos esgrimidos por Bukele y sus secuaces para apelar a disposiciones del Artículo 167 de la Constitución.

Desde este espacio editorial, ARPAS suscribe la postura de la Coordinadora de Movimientos Populares, la Alianza contra la Privatización del Agua y demás concertaciones del movimiento social que condenaron el intento de golpe presidencial contra la Asamblea. Para las organizaciones, lo actuado por Bukele es una “grave violación a la institucionalidad, un golpe contra el estado de derecho y un atentado contra la democracia”.

Las organizaciones sociales también rechazan el llamado a la insurrección popular que hizo el Presidente, pues este derecho -consagrado en el Artículo 87 de nuestra Carta Magna- es para el pueblo cuando los gobernantes transgreden el orden constitucional, y no al revés.

ARPAS también se suma al llamado al diálogo que hacen las organizaciones. Ejecutivo y Asamblea deben concertar no sólo acuerdos sobre financiamiento de la seguridad pública, sino también sobre otros temas urgentes de país: aprobación de la Ley General de Agua, desprivatización del sistema de pensiones, aprobación de reformas fiscales progresivas, entre otros.

Finalmente, como bien exhortan las organizaciones, el Presidente Bukele debe cumplir su función constitucional de procurar la paz y la armonía social; y no utilizar el respaldo social para aventuras golpistas y derivas autoritarias, sino para enfrentar los problemas del país en forma responsable, con participación ciudadana y respetando el orden constitucional.

Ojalá que así sea.