Esta semana se presentaron al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) los nuevos comisionados Juan Carlos Turcios (propietario) y Mauricio Fuentes (suplente) en representación del gremio periodístico.
Ninguno de los flamantes comisionados nombrados por Nayib Bukele cumple con el perfil de idoneidad e independencia requeridos: Turcios es un ex presentador de shows televisivos y empleado del Ministerio de Gobernación; y Fuentes es un vendedor de seguros, graduado en “teología práctica”. Ambos fueron postulados por la “Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (ASPIES)”, una gremial poco representativa del gremio periodístico, que se prestó a la elección fraudulenta realizada en Casa Presidencial.
Tal situación ha provocado duras críticas de otras gremiales de periodistas, entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil que ya están preparando sendos recursos de impugnación. Así también ha causado indignación total y repudio generalizado de los/as periodistas del país, quienes -además de las críticas serias- han descargado su malestar en divertidos chistes y memes, sobre todo ayer que Turcios fue recusado por la mayoría de comisionados/as del IAIP de conocer los casos que involucren al Presidente Bukele y demás funcionarios del Ejecutivo. Bochorno total.
Tan grave como la falta de idoneidad de los nuevos comisionados, es también la elección irregular e intransparente realizada por CAPRES. Dicho proceso se hizo incumpliendo importantes disposiciones de la Ley de Acceso a la Información (LAIP) y su reglamento, sin permitir cobertura de los medios de comunicación y excluyendo a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la gremial más antigua y representativa de los/as periodistas del país.
En este espacio editorial respaldamos la denuncia de APES y las acciones legales orientadas a revertir este atropello a la legalidad, la institucionalidad y los derechos de las/os periodistas, comunicadores y trabajadores de la información. Si CAPRES no rectifica, la Sala de lo Constitucional debe revertir ese “chanchullo”, como se dice popularmente.
Ojalá que toda la población democrática, decente, honrada y trabajadora se muestre parte en este asunto, pues están en juego el derecho ciudadano de acceso a la información, la rendición de cuentas pública y la lucha contra la corrupción.
Ojalá que así sea.
