Esta semana se vencerá la segunda prórroga otorgada por la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa para aprobar una Ley de Reconciliación Nacional que asegure el derecho al conocimiento de la verdad, la aplicación de justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil.

Ésta es la tercera vez que los diputadas y diputadas incumplen el plazo dado por la Sala, lo hicieron en julio y noviembre de 2019 y -probablemente- lo hagan el próximo 28 de febrero del presente año.

Según denuncian organizaciones de derechos humanos, pro memoria histórica y de familiares de víctimas, todo apunta a que la ley que se aprobará no va en el sentido planteado por los magistrados de la Sala en su sentencia de inconstitucionalidad contra la ominosa Ley de Amnistía, sino -precisamente- en sentido contrario, es decir, en la línea de restaurar la impunidad para los responsables intelectuales y materiales de masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y demás delitos de lesa humanidad, cometidos mayoritariamente por las fuerzas armadas gubernamentales y los grupos paramilitares de la extrema derecha salvadoreña.

En efecto, la propuesta presentada esta mañana por el presidente legislativo Mario Ponce favorece claramente a los victimarios y menoscaba la dignidad y la memoria de las víctimas. La referida propuesta fue elaborada sin tomar en cuenta a las víctimas y a las organizaciones que les representan.

En este espacio editorial sumamos nuestra voz de rechazo a cualquier proyecto de ley que busque dejar en la impunidad los horrendos crímenes cometidos durante la guerra. Consideramos que la verdadera reconciliación sólo se puede lograr esclareciendo la verdad, haciendo justicia y reparando a las víctimas.

En tal sentido, exigimos al Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, asumir una postra clara contra la ley de impunidad que pretenden aprobar los diputados. Así mismo, exhortamos a toda la ciudadanía democrática a respaldar la demanda de las organizaciones que exigen una ley que favorezca a las víctimas y no a sus victimarios.

Finalmente, vale decir que los diputados no pueden criticar al Presidente Nayib Bukele por asaltar el palacio legislativo con militares y policías, mientras ellos aprueban un ley que favorece a genocidas, asesinados, torturadores, represores y violadores de los derechos humanos. Ambos hechos, el intento de golpe de Bukele y la promulgación de una ley de impunidad, constituyen graves retrocesos históricos para la democracia y los derechos humanos.