Tal como advertimos en este espacio editorial a inicios de semana, la Asamblea Legislativa aprobó ayer una “Ley de reconciliación nacional” que fomenta la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil, porque permite reducir y hasta eliminar las condenas contra responsables intelectuales y materiales de esos crímenes.

La normativa no tomó en cuenta la opinión de las organizaciones de derechos humanos, pro memoria histórica y de familiares de las víctimas; y no cumple con los criterios de conocimiento de la verdad, acceso a la justicia y reparación de las víctimas que ordenó la Sala Constitucional. Por tanto, representa un insulto a la memoria, la historia y a la dignidad de las víctimas.

La cuestionada ley fue aprobada por ARENA, PCN y PDC, los mismos partidos que en 1993 aprobaron la ominosa ley de amnistía. El FMLN no apoyó, pero tampoco votó en contra y la autenticidad de su postura es dudosa porque durante todo este debate mantuvo una posición ambigua, incluso en un primer momento apoyó la nefasta propuesta promovida por el diputado Rodolfo Parker.

Ahora toca exigir al Presidente Nayib Bukele que cumpla su promesa de vetar la reprobable  normativa.

También es necesario exigir al Presidente que tenga una postura consecuente y coherente, no demagógica. Esto es necesario porque Bukele anuncia que va a vetar la normativa en cuestión, pero se niega a abrir los archivos militares y hasta incumple la orden del juez que lleva el caso de la “Masacre de El Mozote”, quien le mandó entregar los planes e informes de los operativos castrenses que culminaron con la matanza de casi mil personas en diciembre de 1981.

Es posible que Bukele vete la ley de impunidad aprobada por la Asamblea para “lavarse la cara” por sus actuaciones antidemocráticas del pasado 9 de febrero, y no porque procure la dignidad de las víctimas. Con el veto, el mandatario “se dará un respiro” y tendrá un argumento perfecto para reforzar su campaña electoral contra los cada vez más desprestigiados diputados y partidos políticos.

ARPAS reitera su respaldo a las organizaciones que exigen una ley que asegure el esclarecimiento de la verdad, la aplicación de justicia, la dignificación de las víctimas, la garantía de no repetición de los hechos y la verdadera reconciliación.

La vía para cerrar la oscura y trágica página de la guerra civil salvadoreña no es la impunidad de las masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y demás violaciones a los derechos humanos cometidos mayoritariamente por fuerzas gubernamentales y los escuadrones de la muerte de la extrema derecha salvadoreña. El camino está en la verdad y la justicia.