Julio Rivera era un niño aquel 14 de mayo de 1980, el día en que, en sus palabras, “las aguas del río Sumpul se tiñeron de sangre y lágrimas”. A diferencia de otros años en los que conmemoró esta fecha entre actos religiosos y culturales, hoy lo hizo desde la cabina de una radio comunitaria. Los 40 años de este crímen se encontraron con la situación de emergencia por COVID-19 y las medidas de confinamiento.
Por Krissia Girón/ Foto: Asociación Sumpul
“En esta fecha negra y oscura en que las aguas del río Sumpul se tiñeron con sangre y lágrimas de nuestros seres queridos, todavía nuestros ojos pueden ver cómo las personas eran puestas en fila, tiradas al suelo o empujadas a patadas y culatazos, para luego ser ametrallados. Podemos ver cómo los niños eran arrebatados de los brazos de su madre para ser lanzados al aire y cachados con sus machetes, para tirarlos al río”, expresó Julio Rivera, sobreviviente de la masacre del Sumpul.
Julio logró cruzar el río Sumpul junto a su padre para salvarse de la masacre. En su memoria siguen latentes los gritos y clamores de las más de 300 personas asesinadas -según la investigación de la Comisión de la Verdad de la ONU- por efectivos de la Fuerza Armada, Guardía Nacional y paramilitares de la Organización Nacional Democrática, ORDEN.
“Nuestros oídos todavía pueden escuchar el llanto de los niños y las madres implorando piedad, compasión y suplicando el perdón de sus vidas”, agregó.
La vida de las comunidades antes de la masacre era insoportable, relata Rivera. Cuenta cómo las personas estaban cansadas de tanta ‘guinda’ hacia las montañas, soportando lluvias, hambre y frío. Pese a las condiciones, parecían el lugar más seguro, lejos de la represión y el constante acoso del ejército.
“¿Por qué nos perseguían, cuál era nuestro delito? Simplemente estar organizados y de manera pacífica pedir el respeto a nuestros derechos: acceso a la salud y educación para todos, acceso a créditos blandos para los agricultores, comida y salarios dignos en las cortas de café, caña y algodón, que se estableciera una verdadera democracia donde hubiera elecciones libres”, manifestó el sobreviviente.
Según el documento “De la locura a la esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador”, de la Comisión de la Verdad, el gobierno consideraba que esa zona servía como base para la guerrilla y de refugio para sus acciones, las cuales se habían intensificado.
“Además, una parte importante de la población campesina pertenecía a la Federación de Trabajadores del Campo, abanderada en la lucha por la reforma agraria”, detalla el informe.
Julio, relata que llegaron a la rivera del río con la intención de montar un campamento, poner banderas blancas en señal de paz y coordinar las labores agrícolas, de cocina y educativas. Pero se equivocaron, asegura, al pensar que al gobierno, cuerpos de seguridad y Fuerza Armada “les quedaba conciencia y sentido humano y que, al ver las banderitas blancas nos respetarían la vida”.
“Nos equivocamos también al no percatarnos de la alianza entre El Salvador y Honduras que – previo a la masacre- se pusieron de acuerdo para expulsar a los refugiados en aldeas del vecino país y para que en el momento de la masacre, acordonar varios kilómetros de la frontera para impedir la huida a Honduras”, relató.
Cuenta también que sus dirigentes impidieron que la gente buscara vías de escape, pese a que les alertaron lo que pasaría, “inclusive unos soldados hondureños advirtieron a personas que lavaban en el río sobre lo que iba a ocurrir. La consigna era vencer o morir, pero no podía vencer un pueblo indefenso y desarmado a todo un ejército con toda su artillería. También se equivocaron”, lamentó.
Rivera finalizó su intervención haciendo mención de los militares acusados de llevar sobre sus hombros la responsabilidad de este hecho: “Gral. José Guillermo García, Ministro de Defensa y miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno; Cnel. Eugenio Vides Casanova, director general de la Guardia Nacional; Cnel. Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña; Cnel. Ricardo Augusto Peña Arbaiza, comandante del Destacamento Militar No 1 en Chalatenango; Cnel. Mario Adalberto Reyes Mena, de la Cuarta Brigada de Infantería El Paraíso, Chalatenango”, detalló.
«Hoy se cumplen 40 años de la masacre de las Aradas, en las orillas del río Sumpul, un crimen de lesa humanidad. Estamos reivindicando la memoria de las víctimas y para renovar nuestro compromiso con sobrevivientes y las comunidades de Chalatenango», dijo durante la transmisión Rubia Guardado, presidenta de la Coordinadora de Comunidades y Repoblaciones de Chalatenango, CCR.
«Ofrecemos este homenaje como una forma de reparación simbólica, uniendo nuestras voces para continuar exigiendo el derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación integral y digna», expresó.
La Comisión de la Verdad catalogó el hecho como una “seria violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos”.
Este año, las comunidades y organizaciones sociales exigieron que -luego de la situación de emergencia por COVID-19- se retomen acciones de acceso a la justicia, como la exhumación de cuerpos de las víctimas la masacre, iniciar los trámites con el gobierno de Honduras para exhumar a quienes fueron enterrados en su territorio y citar a declarar a los acusados de la autoría intelectual de este crímen.
“Que el gobierno reconozca la veracidad de los hechos tal y como han sido documentados y que pida perdón sin revictimizar a los y las sobrevivientes de la masacre del Sumpul. Que se le rinda homenaje a todas las víctimas del conflicto armado declarando un día nacional de las víctimas de la población civil”, expresaron a través de un comunicado organizaciones sociales, entre ellas, CCR, Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM), Asociación Sumpul, entre otras.
También pidieron programas de atención en salud mental, proyectos de vivienda, salud y educación superior a sobrevivientes y familiares.
Los sobrevivientes de la masacre interpusieron una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango en el año 1992, “pero el sistema judicial ha obstaculizado hasta la fecha la comparecencia de los militares responsables”, expresan las organizaciones.
Recordaron que en 2014, el gobierno de turno declaró que no existían archivos de dicho operativo militar, por lo que pidieron al presidente de la República, Nayib Bukele, asumir su responsabilidad como Comandante General de la Fuerza Armada.
En noviembre del año pasado, Bukele se comprometió a desclasificar archivos militares para conocer “la verdad” de hechos de la guerra. “Nosotros estamos al 100% por que se sepa la verdad. Queremos que se sepa la verdad, vamos a luchar porque se sepa la verdad y si hay algun archivo que desclasificar, que esté clasificado y que ahí esté, evidentemente lo vamos a hacer”, expresó hace 6 meses.
Sin embargo, la actitud del gobierno ha sido diferente frente a acciones concretas para esclarecer casos de violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil. Por ejemplo, el pasado 6 de marzo se impidió ingresar a las y los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) al Estado Mayor Conjunto, para verificar la alegada inexistencia de información sobre operativos realizados en la Universidad de El Salvador (UES).
La conmemoración de los 40 años de la masacre del río Sumpul se encontró con la situación de emergencia por COVID-19 y las medidas de confinamiento. Esta vez, la concentración de las comunidades, los actos religiosos y culturales se trasladaron a las ondas de las radios comunitarias y hacia las redes sociales, como una alternativa para mantener viva la memoria de quienes siguen en espera de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de éstos hechos.
