El Presidente Nayib Bukele confesó -en la más reciente de sus ya usuales cadenas de radio y televisión- haberse reunido en privado con el embajador estadounidense Ronald Johnson, el jefe del grupo parlamentario de ARENA, el presidente de la ANEP, el Fiscal General y los magistrados de la Sala Constitucional.

La reunión realizada en el mes de marzo, según Bukele “no fue secreta ni pública” (la lógica del duro-blando en el malabar discursivo presidencial); razón por la cual él puede revelar lo sucedido, y acto seguido informó que acordaron “aprobar la ley para regular la cuarentena”.

La confesión del gobernante debería ser un escándalo nacional por, al menos, tres razones:

La primera es que dicha reunión constituye una transgresión flagrante al orden institucional relacionado con el proceso de formación de ley. La Constitución de la República, así como la Ley Orgánica y el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, establecen un procedimiento diferente al utilizado para aprobar la ley de cuarentena: 1. El Presidente, a través de alguno de sus ministros, presenta formalmente la iniciativa a la Asamblea; 2. Los diputados y diputadas, después de analizar, discutirla y alcanzar los votos necesarios, la aprueban; 3. El Presidente la sanciona, observa o veta (si la sanciona es ley y si la observa o veta regresa a la Asamblea); y 4. Finalmente, si alguien presenta alguna demanda, la Sala interviene declarando la constitucionalidad o inconstitucionalidad total o parcial de la ley en cuestión.

Sin embargo, el Presidente Bukele acordó aprobar la ley de cuarentena en una reunión privada con el jefe legislativo de ARENA (ni siquiera con el presidente de la Asamblea), los magistrados de la Sala, el Fiscal, el entonces presidente de ANEP y el “Embajador”.

La segunda razón es que confirma no solo la enorme influencia e injerencia del embajador estadounidense en la gestión de Bukele, sino que también participa formalmente en discusiones y decisiones del gobierno. El Sr. Johnson se muestra claramente como el mentor del mandatario salvadoreño: lo acompaña en sus decisiones, le llama la atención por sus exabruptos y le señala el camino ante las encrucijadas políticas.

Lo anterior representa una clara violación a la soberanía y autodeterminación del país. Además, de desmentir la supuesta independencia y autosuficiencia presidencial en la gestión gubernamental. Bukele hace creer que él y solo él toma las decisiones en el Ejecutivo.

Y la tercera razón es que desnuda la falacia discursiva con la cual Bukele pasa azuzando permanente a sus fanáticos (el 97% de la población según él) y exacerbando el odio popular “hacia los mismos de siempre”. El Presidente que tanto ataca a los diputados, Fiscal y magistrados porque éstos “desean y buscan la muerte del pueblo”, no tiene escrúpulos en reunirse con ellos, a escondidas y a espaldas de sus aplaudidores, para tomar acuerdos.

Con esto, el Presidente Bukele reedita deplorables modus operandi de la política hipócrita y corrupta que debería estar desterrada del ideario y práctica de los partidos, funcionarios e instituciones. Ojalá, más temprano que tarde, la muchedumbre que avala acríticamente el actuar presidencial empiece a darse cuenta de esto.