La Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa han rechazado la petición del Presidente Nayib Bukele de “devolver al gobierno las facultades (para enfrentar la pandemia del COVID-19) que le han sido quitadas”.

El Presidente alega que magistrados y diputados, en una clara estrategia de boicotear a su gobierno y con el objetivo de que “la población muera”, le han quitado las competencias legales que todos los gobiernos han tenido para afrontar desastres naturales, calamidades, epidemias y pandemias.

Sin embargo, la Sala respondió hoy que “ningún gobierno ha tenido facultades para restringir derechos fundamentales”, sino únicamente la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de estados de excepción temporales y plenamente justificados; mientras que la Asamblea negó ayer haberle quitado facultades al Ejecutivo y aclaró que “no tiene atribuciones para darle competencias a otro órgano estatal”.

Lo anterior deja a Bukele y compañía (sus incompetentes asesores jurídicos) sin argumentos para mantener un proceso de apertura post-pandemia regulado por un decreto ejecutivo y sin una ley avalada por el Parlamento.

Ante esto, el Presidente tiene dos opciones: una es sancionar u observar la “Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía” (Decreto 661), aprobada por la Asamblea el pasado 11 de junio; y la otra es consensuar con los diputados y diputadas una nueva normativa.

Bukele debe abandonar su caprichos, berrinches e infantilismos políticos; y asumir una actitud seria, responsable y concertante. Gobernar no es como un video-juego, donde donde uno (el Presidente) le gana a los otros (diputados y magistrados); sino un ejercicio de independencia y complementariedad, cuyo objetivo común está establecido en el primer artículo de la Constitución: “la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común”.

En estos tiempos difíciles y de enormes peligros, es necesario que los tres poderes estatales pongan los derechos de la gente por encima de cualquier interés particular. Dicha responsabilidad es particularmente exigible al Presidente, pues, a la luz del Artículo 168, inciso tercero, de la Constitución, es el responsable de coordinar los esfuerzos de país y procurar la armonía social.

Desde este espacio editorial instamos a Bukele a que, por el bien de toda la población, deje su estilo prepotente y demagógico, y asuma una actitud consecuente con la democracia, la rendición de cuentas y el diálogo, necesarios para impulsar acciones colectivas en medio de esta pandemia.