El Presidente Nayib Bukele afirmó, en su más reciente cadena de radio y televisión, que la Sala Constitucional le ha quitado facultades al Ejecutivo para manejar la pandemia del COVID-19; y arremetió contra los magistrados, a quienes -dijo- “ya habría mandado a fusilar si él fuera un dictador”.
La Sala revirtió el Decreto ejecutivo No. 32 referido al proceso de apertura gradual de actividades económicas, por violentar parámetros constitucionales. Sin embargo, es falso que haya maniatado al gobierno en su funciones para atender la emergencia sanitaria; al contrario, en el numeral 4 de la parte resolutoria de la sentencia, la Sala reitera que:
“El Órgano Ejecutivo, en el ramo de salud, está plenamente habilitado, de acuerdo con el Código de Salud, para emitir auténticos protocolos sanitarios que establezcan medidas, incluso extraordinarias, a tener en cuenta de manera obligatoria por las personas y empresas en los centros de salud, lugares de trabajo, negocios, centros educativos y recreativos, hogares, medios de transporte, etc., para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar la propagación del COVID-19”.
La Sala plantea, eso sí, que “dichos protocolos no deben suponer limitaciones o suspensiones, de hecho, a derechos fundamentales de las personas”. Si las medidas incluyen restricciones de este tipo, deben tener aprobación legislativa.
Por eso los magistrados insisten en su llamado a que Asamblea y Ejecutivo “estén atentos a la evolución de la pandemia y a los problemas sociales, sanitarios, políticos, laborales, económicos y sociales que genera; y cómo estos se complejizan, agudizan, debilitan o se transforman”.
La resolución manda a que “con base en el Artículo 86 de la Constitución de la República -referido al principio de colaboración entre órganos fundamentales y constitucionales- ambas instancias gestionen de manera técnica y concertada la problemática generada por dicha pandemia, de una forma integral, a fin de obtener el mayor bienestar de la población”.
Así que, en vez de renegar del mandato de la Sala, el Presidente Bukele debería proceder -con la agilidad requerida- a implementar las medidas sanitarias pertinentes en el marco de las competencias del Ejecutivo; así mismo apresurar el diálogo y entendimientos con el Parlamento para concertar los marcos jurídicos necesarios para un abordaje adecuado de la pandemia y el postergado proceso de reapertura.
Ojalá que así sea.