La Asamblea Legislativa nombró la semana pasada a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República: Roberto Antonio Anzora Quiroz, María del Carmen Martínez Barahona y Julio Guillermo Bendek Panameño. Los primeros dos ya eran magistrados y el segundo era procurador adjunto de la PDDH. Anzora Quiroz será el nuevo presidente.
Dichos funcionarios tendrán -entre otras responsabilidades importantes- culminar las auditorías especiales sobre el uso de fondos públicos durante la emergencia por la pandemia del COVID-19, proceso de fiscalización que adquiere especial relevancia por las diversas denuncias de irregularidades en los ministerios de Salud, Agricultura y otras carteras del Ejecutivo.
La elección -que es el tema de este editorial- la decidieron los grupos parlamentarios de ARENA, FMLN y PDC, con una lógica de cuotas partidarias, más que basados en los perfiles de idoneidad de los aspirantes a magistrados; lo cual confirma que el reparto partidario de la instituciones públicas es una práctica persistente: un mal endémico.
Hasta ahora ninguna designación de los llamados “funcionarios de segundo grado” ha escapado a esta lógica. Ni siquiera los famosos ex magistrados de la Sala de lo Constitucional que se creían puros, castos, angelicales y que promovían un antipartidismo sospechoso, escaparon de esa nociva dinámica: Florentín Meléndez fue propuesto por el entonces presidente Mauricio Funes, Belarmino Jaime por el ex presidente arenero Alfredo Cristiani, Sidney Blanco por el FMLN y Rodolfo González por FUSADES-PCN, en una negociación extra parlamentaria realizada en Casa Presidencial a mitad de julio de 2009.
Y nada indica que en el futuro esta práctica será diferente. Eso lo sabe muy bien el actual Fiscal General. Raúl Melara fue electo como “cuota” del partido ARENA” (y porque -según el diputado efemelenista Schafik Handal hijo- los astros se alinearon a su favor); pero ahora parece haber cambiado de bando y, previendo una eventual mayoría legislativa liderada por Nuevas Ideas (NI) en 2021, está “coqueteando” con Casa Presidencial.
Uno de los objetivos estratégicos de la Administración Bukele es obtener correlación legislativa favorable -precisamente- para elegir fiscal, magistrados, procurador, etc. afines a sus intereses políticos. Es decir, si NI y sus aliados (GANA, PCN, CD) obtienen mayoría podrán decidir los futuros repartos partidarios de las instituciones públicas.
Esto significa que los repartidores y los beneficiados serán otros, pero el reparto seguirá. A no ser que surja un verdadero movimiento ciudadano que se proponga la “ciudadanización” de las instituciones; es decir, que los criterios de elección de funcionarios sean el perfil de idoneidad (capacidad, honestidad, independencia), la identificación con los derechos de la población y el compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la profundización de la democracia.
