Casa Presidencial sigue empeñada en controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Por eso ve la elección del nuevo comisionado o comisionada del gremio periodístico como su oportunidad para cambiar la correlación y someter al ente responsable de asegurar el derecho ciudadano de acceso a la información.

Tras la fallida elección de Juan Carlos Turcios -funcionario de confianza del ministro de Gobernación Mario Durán- a principio de año, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia otra vez realiza un proceso irregular, oscuro, viciado y sospecho, que ha sido denunciado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Mesa de Protección a Periodistas.

Entre las principales anomalías está impedir la participación de APES, la más antigua y representativa gremial de periodistas.  Además, ignorar los plazos para presentar propuestas, elegir con ternas incompletas, cambiar repentinamente la fecha de elección y negar acceso al acto que debe ser público, suprimir el período de impugnación, entre otras violaciones a disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su reglamento relacionadas con  requisitos, procedimientos y plazos.

Por eso en este espacio editorial nos sumamos a la denuncia de APES y respaldamos su decisión de revertir legalmente el cuestionado proceso en las instancias judiciales pertinentes.

También, como parte de la Mesa de Protección a Periodistas, ARPAS exigimos a la Secretaría de Comunicaciones realizar una nueva elección que sea transparente, incluyente y apegada a derecho; y llamamos a toda la gente honrada y decente a estar también atenta, pues está en juego el acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas pública.

El nefasto intento gubernamental de controlar el IAIP se enmarca en una serie de vulneraciones a la libertad de expresión, prensa e información en el actual gobierno, que constituyen un grave retroceso histórico para el país.

Esta deplorable situación ha llamado la atención y ha sido condenada por instancias internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, la Alta Comisionada de Derechos Humanos y otras instancias de la ONU. Esperemos que en El Salvador, la ciudadanía democrática actúe oportunamente.

Ojalá que así sea.