Circulan en redes sociales imágenes (fotografías y videos) de diputados y diputadas de diferentes partidos políticos -que buscan la reelección- llevando agua, alimentos o medicinas a comunidades pobres en San Salvador y algunos departamentos. Hechos que, por cierto, son actos de campaña adelantada sancionables por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Lo anterior obliga a recordarles a los parlamentarios y parlamentarias que su función constitucional es “legislar para resolver los problemas del país”. Es decir: su rol no es atender -en forma populista y electorera- las necesidades de la gente, pues eso es responsabilidad de las diferentes instancias del gobierno central y las municipalidades; sino aprobar leyes, decretos y demás marcos jurídicos que establezcan políticas públicas y el financiamiento necesario para implementarlas.

En tal sentido, en vez -por ejemplo- de repartir bolsas o botellas de agua, las diputadas y diputados deberían aprobar la Ley General de Agua, la Ley de Agua Potable y Saneamiento, y ratificar la reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua y a la alimentación. Esas serían las acciones correspondientes a sus facultades.

En este espacio editorial le recordamos a estos legisladores y legisladoras que quieren reelegirse que, además de las normativas antes dichas, hay una serie de disposiciones legales urgentes en distintos ámbitos, cuya aprobación -en los meses que faltan para las próximas elecciones- sería su mejor acto de campaña.

Entre éstas están las leyes de Soberanía Alimentaria, de Agricultura Familiar, de Protección a Periodistas y de Datos Personales; así como una lista de reformas en diversos temas como: sistema de pensiones, despenalización del aborto (en las causales que plantean las organizaciones feministas), combate a la evasión y elusión tributaria, entre otros.

También está pendiente la Ley de Reconciliación, ordenada por la Sala Constitucional en su sentencia contra la ominosa Ley de Amnistía. Así mismo “duermen el sueño de los justos” propuestas de reformas fiscales progresivas orientadas a que “paguen más quienes tienen más”.

El descrédito de la Asamblea Legislativa -que el “Bukelismo” sabe aprovechar y exacerbar- tiene que ver con que los diputados y diputadas no han respondido a las expectativas ciudadanas y no han cumplido su rol de legislar sobre los problemas más graves del país. Ojalá reaccionen, todavía están a tiempo de evitar que su derrota electoral en febrero de 2021 sea tan catastrófica como auguran las encuestas.