En la conferencia de prensa de ayer, transmitida en cadena de radio y televisión, el Presidente Nayib Bukele informó que su gobierno no firmará el Acuerdo de Escazú, cuyo período de suscripción vence este 26 de septiembre. Ante la pregunta de una periodista, el mandatario expresó que “comparte el espíritu del tratado pero que éste contiene cláusulas que no se adaptan a la realidad salvadoreña”.
El Acuerdo de Escazú es un convenio regional adoptado en Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, que tiene como objetivos que los Estados firmantes “implementen medidas para la protección integral de personas defensoras del medioambiente y establezcan acciones efectivas para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales”.
Aunque dijo no recordar exactamente las razones de su decisión, aseguró que “ningún acuerdo puede limitar el desarrollo” y que -por ejemplo- “no se puede dejar de construir viviendas”. ¿A caso está adelantando que va a permitir el cuestionado proyecto urbanístico “Valle El Ángel” impulsado por la oligárquica familia Dueñas sobre una zona de mantos acuíferos al norte de San Salvador?
El Presidente Bukele no escuchó las voces y demandas de diversas organizaciones ambientalistas, expertos y entidades académicas que exigían la aprobación del referido convenio, dado el enorme deterioro ambiental del país y la urgencia de aplicar mecanismos de protección de los ecosistemas.
Para el Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú-El Salvador, la negativa de firmar tan necesario tratado es una clara y fuerte señal de que “(la administración Bukele) no está a la altura del cambio de época y del compromiso con la defensa de la naturaleza que es el gran reto en estos tiempos”. Este grupo considera, además, que es un retroceso y mensaje negativo que menoscaba aún más el ya debilitado multilateralismo.
En este espacio editorial valoramos la decisión presidencial de rechazar el Acuerdo de Escazú como una confirmación de que al gobierno no le interesa proteger el medioambiente, ni permitir el acceso a la información pública y la participación ciudadana. Lo constata su indiferencia ante la demanda popular de aprobar la Ley General de Agua, el desmantelamiento de la LAIP mediante reformas a su reglamento y el cierre de los espacios de diálogo social.
Por lo demás, podría ser una confirmación de que proyectos de depredación ambiental como “Valle El Ángel” no tendrán marcha atrás con este gobierno y que el Presidente Bukele repetirá religiosamente el mantra neoliberal-extractivista de administraciones anteriores sobre que “la protección ambiental no debe detener el desarrollo”, confirmando así que su gestión es “más de lo mismo”.
