Esta semana el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, debe llevar a la Asamblea Legislativa la propuesta de presupuesto estatal para el próximo año. Y, en efecto, Casa Presidencial anunció el fin de semana que ésta será presentada el próximo miércoles y pidió a los diputados “un debate técnico y no político”.

El presupuesto es siempre la más importante herramienta para las políticas públicas y refleja las prioridades de los gobiernos. En los gastos lo ideal es priorizar la inversión social, principalmente en agua, salud, educación, atención a sectores vulnerables, saneamiento ambiental y seguridad pública; y en los ingresos es recomendable financiar sin endeudarse y con medidas tributarias justas, es decir: que no afecten a la gente de bajos ingresos, sino a los sectores pudientes.

Para el 2021, el presupuesto público tiene enormes desafíos. Por un lado, la crisis económica y social post-pandemia, provocada sobre todo por la pérdida de empleos y la caída de las remesas, demanda un fuerte incremento de fondos para atender las necesidades de la población y reactivar la economía; y por otro, el alto nivel de endeudamiento, más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB), obligará al gobierno a destinar cuantiosos recursos para cumplir compromisos con los acreedores.

El próximo año el país continuará pagando préstamos contraídos por gobiernos anteriores (Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén) y los adquiridos por la administración Bukele. Además, deben pagarse más de 2,240 millones de dólares de deuda de corto plazo obtenida a través de Letras del Tesoro (LETES) para atender la emergencia por el COVID-19: 1,595 millones reportados por el Banco Central de Reserva a la Asamblea, más los 645 millones subastados la semana pasada.

Frente a esta situación, el riesgo es que Hacienda presente un presupuesto que priorice pago de deuda, en detrimento de la necesaria y urgente mayor inversión social; y más aún, la amenaza de que esta deuda se pague con un ajuste fiscal-tributario que afecte principalmente el bolsillo de los sectores populares y capas medias, en vez de las élites empresariales. Una señal peligrosa es que, para pagar un préstamo de 390 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Bukele se comprometió a subir el IVA, aumentar impuestos a los combustibles y “reducir el gasto público”.

Por tanto, es pertinente exigir al Ejecutivo y la Asamblea que, en primer lugar, no reduzcan la inversión social, sino que -al contrario- la incrementen lo más posible, sobre todo en salud y educación, y que pagar la deuda no sea prioridad. El gobierno debería plantearse una suspensión temporal del pago de la deuda y una renegociación con los acreedores; además, es urgente la desprivatización del sistema de pensiones porque la deuda previsional, de aproximadamente 5,000 millones de dólares, es insostenible.

Y, en segundo lugar, hay que insistir en la reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tiene más”. Para financiar el presupuesto, inversión social y pago de deuda, el Ejecutivo debería proponer impuestos directos al patrimonio de los más ricos, a la gran ganancia empresarial, a las grandes transferencias financieras y los bienes y servicios de lujo; además, cerrar los “portillos legales” a la evasión tributaria y reformar o derogar la veintena de leyes que permiten la elusión o “evasión legal” (leyes de Turismo, Zonas Francas, Inversiones,  Servicios Internacionales, etc.).

En vez de implantar un estilo autoritario de gobierno y hacer retroceder al país en muchos ámbitos democráticos, el Presidente Bukele debería aprovechar el respaldo social para revertir este injusto, anquilosado y regresivo esquema tributario donde pagan más los que menos ingresos tienen.