El Ejecutivo entregó, el pasado 30 de septiembre, a la Asamblea Legislativa, su propuesta de presupuesto estatal para el próximo año.

La presentación se dio en medio de agudizaciones de la permanente tensión gobierno-parlamento, esta vez por la negativa del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, de rendir cuentas sobre el destino de los fondos durante la pandemia el COVID-19 que -según informes del Banco Central de Reserva (BCR)- supera los 3,000 millones de dólares.

Con los datos y análisis disponibles al momento, es posible plantear las siguientes observaciones sobre el presupuesto que el relato gubernamental ya presenta como “el mejor de la historia del país”.

Lo bueno: Los gastos incluyen un significativo incremento de la inversión social, especialmente en salud, educación y seguridad pública, áreas a las que se destinarán 3,009.6 millones de dólares, equivalentes al 40.4% de los $7,453.5 millones, que son el monto total del presupuesto presentado. Destacan especialmente, los 1,320.4 millones para el Ministerio de Educación, monto que -según Hacienda- representa el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), cumpliendo así con una demanda histórica.

Hay que señalar, sin embargo, que no todo es positivo en los gastos. Por ejemplo: hay recorte de fondos a instancias como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), lo cual confirma que para este gobierno no es prioridad fortalecer la institucionalidad vinculada a la acceso a información, transparencia y rendición de cuentas.

Lo malo: En cuanto a ingresos, existe un desfinanciamiento de 1,342 millones de dólares, que será resuelto adquiriendo más deuda pública, misma que -como advierte el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)- al finalizar este año representará el 92% del PIB. Además, la proyección de ingresos parte de un cálculo de recaudación tributaria sobrevalorada en unos 450 millones, según análisis del Movimiento de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES).

El Ejecutivo dice que el pretendido aumento en la recaudación fiscal se basa en el combate a la evasión; sin embargo, a juzgar por los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), podría tratarse de un incremento al IVA y a otros impuestos indirectos al consumo.

Lo feo: El presupuesto está elaborado en clave proselitista de cara a las elecciones del próximo año, en las que el oficialismo (GANA-Nuevas Ideas) pretende lograr mayoría parlamentaria. Por eso lleva implícita una “trampa” que pone a los diputados y diputadas “entre la espada y la pared”.

El dilema es éste: si los legisladores cuestionan el desfinanciamiento, la sobrevalorada recaudación fiscal o la distribución de algunos gastos, Nayib Bukele los aplastará con su maquinaria propagandística, acusándolos de no querer aprobar el “histórico” presupuesto y pedirá pasarles factura el 28 de febrero; o si -por el contrario- para evitar el costo político-electoral lo aprueban tal como está, cometerán una gran irresponsabilidad que tendrá graves consecuencias para el país, como mayor endeudamiento, aumento del IVA y otras medidas de ajuste fiscal de corte neoliberal.

Ante esta disyuntiva, desde este espacio editorial exhortamos al presidente y a los diputados a realizar un debate serio, responsable y no-electoral del presupuesto 2021; y a la ciudadanía a que participe activamente en esta discusión. Es lo necesario y lo que el país merece.