La Mesa de Protección a Periodistas presentó esta semana su propuesta de “Ley Integral de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Comunicación e Información”, ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.

La reacción positiva y el compromiso de la mayoría de grupos parlamentarios presentes en la Comisión, de aprobar cuanto antes la referida normativa, genera muchas expectativas sobre la posibilidad de que el Estado salvadoreño salde la deuda histórica de implementar un marco legal que proteja a un sector cuya labor profesional es de primera importancia para la democracia pero que enfrenta una serie de vulnerabilidades en su ejercicio laboral: las y los periodistas.

Hace 20 años, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) promovió la creación de una “Caja Mutual para los Periodistas”, como la que tiene el magisterio, los abogados y otros sectores profesionales. La ley se aprobó en la Asamblea, pero el tristemente célebre ex presidente Francisco Flores la vetó y, así, se truncó el único intento de favorecer al gremio periodístico.

La propuesta de ley presentada por la Mesa incluye mecanismos y acciones de protección frente a vulneraciones de agentes estatales y patronales, violencia e inseguridad, ataques digitales y violación de derechos laborales. Tiene como referencia criterios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y normativas similares aprobadas en México, Colombia y otros países de la región.

ARPAS, como parte de la Mesa de Protección a Periodistas, respalda la normativa y, en tal sentido, insta al Parlamento que agilice su estudio y aprobación. Igualmente exhorta a que el Presidente Nayib Bukele -quien dice actuar diferente a sus antecesores- no repita la bochornosa actuación de Francisco Flores.

El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas instalado por la APES confirma una creciente oleada de restricciones al acceso a la información y atropellos al trabajo periodístico en el contexto del actual gobierno. Los ataques contra periodistas durante el primer año de la administración Bukele son casi cuatro veces más que los registrados en el último año del gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Entre los principales agresores identificados por la APES está -ironías aparte- el propio secretario de prensa de la Presidencia, funcionarios como el presidente de CEPA Federico Anliker y el propio Nayib Bukele.

Ojalá que todos los sectores democráticos presionen por la aprobación de esta ley, porque se trata no sólo de proteger al gremio periodístico, sino de defender la libertad de expresión, el acceso a información y la democracia misma.