En una audiencia que por primera vez se transmitió de forma virtual, la Sala de lo Constitucional recibió los informes de las instituciones del Estado obligadas a cumplir la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía emitida en julio de 2016. La parte demandante señaló que la decisión judicial no se ha cumplido.
Por Norma Ramírez/Foto: PDDH
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia realizó este 30 de octubre la tercera audiencia de seguimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, emitida en julio de 2016.
En esta audiencia, la Sala escuchó los informes de cumplimiento de las instituciones del Estado y el análisis de las partes demandantes. Además, participaron mediante la figura de amicus curiae (o amigos del Tribunal) representantes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) para expresar sus valoraciones.
Por primera vez la audiencia fue transmitida de forma virtual.
El primer Órgano en presentar su informe fue la Asamblea Legislativa. Del Parlamento, la Sala requirió explicaciones sobre la Ley de Reconciliación Nacional que fue aprobada en febrero, pero que el Presidente Nayib Bukele vetó.
El presidente del Parlamento, Mario Ponce, aseguró que la Ley de Reconciliación aprobada sí cumplió con lo establecido por la Sala de lo Constitucional. Sostuvo que la normativa consideró la opinión de las víctimas, a través de la realización de foros de foros consultivos.
Esto pese a que organizaciones nacionales denunciaron que las consultas no tuvieron una metodología adecuada.
De hecho, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional expresaron su preocupación pues consideraron que la ley “incumple derechos humanos”.
Ley de reconciliación no cumple con estándares de derechos humanos dicen organismos internacionales
El siguiente informe presentado fue el de la presidencia de la República. En representación del mandatario Nayib Bukele, el abogado José Ángel Pérez Chacón explicó que los motivos por los que el Presidente vetó la Ley de Reconciliación aprobada en la Asamblea se basaron en dos criterios: uno, “el alcance de justicia” y, dos, la “tutela judicial de derechos fundamentales de las personas víctimas del conflicto armado”.
Además, la representación de la presidencia aseguró que han realizado medidas de reparación a las víctimas, como lo estableció la Sala.
Según el representante del Ministerio de Hacienda, Luis Sánchez, en el Presupuesto 2021 se han incluido $8.9 millones para el cumplimiento de la sentencia de la masacre de El Mozote y lugares aledaños ($6.5) y el programa de reparación a víctimas ($2.3).
Al ser cuestionado por uno de los magistrados sobre el nombre y detalles de los programas, no respondió.
La siguiente institución en presentar su informe ante la Sala fue el Ministerio de la Defensa Nacional. El representante de la entidad, Víctor Amaya, expresó que para cumplir con la orden de resguardar la información sobre hechos de graves violaciones a derechos humanos, el ministerio creó una “directiva” que se encarga de esos documentos.
Respecto a la eliminación de trámites burocráticos para que la población tenga acceso a esa información, Amaya manifestó que aplican lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) y la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), “siempre y cuando los requerimientos reúnan los requisitos”. Aseguró que están verificando documentos sobre graves violaciones a derechos humanos que serán puestos a disposición de la población en versiones públicas.
A la pregunta sobre cuáles son los documentos, el representante dijo que todavía están en la “fase de clasificación”.
A la representación del ministerio de Defensa los magistrados de la Sala también le cuestionaron sobre la colaboración con la Fiscalía General de la República y los requerimientos del Órgano Judicial. Al respecto Víctor Amaya dijo que “sí han colaborado”.
Esto pese a que en seis ocasiones seguidas la Fuerza Armada ha negado al juez de Instrucción encargado del proceso penal por la masacre de El Mozote y sitios aledaños, el acceso para verificar archivos militares.
FAES bloquea inspección de archivos en cuartel donde Bukele ordenó quitar nombre de Monterrosa
La representación de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se creó un grupo de fiscales para la investigación de delitos relacionados a crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como la capacitación de este equipo para evitar revictimizar a las personas afectadas.
Respecto al Decreto Legislativo 575 que contiene la Ley de Reconciliación, expresaron que considera que éste incluye elementos que podrían afectar con sus facultados de investigar y procesar a responsables de crímenes de guerra.
PDDH recomienda a Sala dar por incumplida la sentencia
En su intervención el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), José Apolonio Tobar, también hizo referencia a la Ley de Reconciliación aprobada por la Asamblea, al respecto dijo que “constituye un grave incumplimiento a estándares internacionales, principalmente por falta de sanción a responsables de crímenes de guerra”.
El Procurador recomendó que la Sala de por no cumplidas las disposiciones de la sentencia de inconstitucionalidad. Además, sugirió que en el Presupuesto 2021 se ordene la eliminación, en todas instituciones del Estado, de al menos el 70% del monto asignado a publicidad y que con esos recursos se cree un fondo para iniciar reparación integral a las víctimas.
Una “amnistía disfrazada”
La parte demandante señaló que la ley de Reconciliación constituye una “amnistía disfrazada”. Reclamaron una constante falta de información y de una “visión sistémica y estratégica sobre la esencia, contenido y enfoque de la sentencia”, por parte de todas las instituciones del Estado.
Manifestaron que se reportan acciones importantes pero dispersas. “Las omisiones de información se convierten en obstaculización en el acceso a la verdad y la justicia”, señaló Ima Guirola.
Consideraron que la ley aprobada en la Asamblea tiene 16 ejes de inconstitucionalidad, por lo que pidieron a la Sala de lo Constitucional que orden al Parlamento realizar un proceso verdaderamente participativo para la construcción de la ley y que dé un plazo perentorio para su aprobación.
También solicitaron que los magistrados ordenen al Gobierno que cree políticas concretas de reparación y que abra los archivos militares.
En la audiencia, representantes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) participaron en calidad de amicus curiae (o amigos del Tribunal). Expresaron que, según su análisis, la Ley de Reconciliación aprobada en la Asamblea Legislativa es inconstitucional en algunos de sus elementos (señalaron 20 sin detallar cuáles).
Entre otros, recomendaron a la Sala de lo Constitucional “crear mecanismos que permitan pronta y cumplida revisión de obligaciones que deben cumplir jueces y Sala, para evitar que órdenes sean truncadas o dilatadas. Y que facilite a víctimas acceso directo y rápido sobre decisiones judiciales”.
Además, que establezca la obligación del Presidente, Nayib Bukele, de recuperar archivos de la Comisión de la Verdad, en coordinación con Naciones Unidas.
La Sala de lo Constitucional estableció el 06 de noviembre como fecha límite para que todas las partes entreguen la documentación presentada en la audiencia y para que ésta sea incorporada al expediente.
Víctimas continúan a la espera de justicia
Representantes de organizaciones de derechos humanos y víctimas dieron seguimiento al desarrollo de la audiencia realizada por la Sala de lo Constitucional.
Previo al inicio de ésta expresaron sus demandas a las instituciones del Estado para que cumplan con lo establecido por la Sala.
