La Compañía de Jesús y la UCA criticaron ayer la decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de ratificar el sobreseimiento dado por un tribunal inferior a los autores intelectuales del asesinato de los padres jesuitas y sus dos colaboradoras perpetrado en noviembre de 1989.

Entidades de derechos humanos también denunciaron la semana pasada el incumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía y el Ejecutivo, al no aprobar una ley de reconciliación, no judicializar casos de graves violaciones a derechos humanos y no abrir los archivos militares, respectivamente.

Y organizaciones feministas cuestionaron la justicia a medias en el feminicidio de la agente policial Carla Ayala, donde algunos de los responsables fueron absueltos por un juzgado especializado en violencia contra la mujer, entre éstos el ex jefe del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Julio César Flores.

Estos tres casos son emblemáticos de falta de justicia, prevalencia de la impunidad y el menosprecio de las víctimas del pasado y del presente, es decir: de los crímenes cometidos antes y durante la guerra civil y los relacionados con la violencia social de la actualidad, sobre todo la violencia feminicida.

El episodio más vergonzoso en este momento es, sin duda, la decisión del presidente Nayib Bukele y su cúpula militar de impedir el acceso a los archivos militares para buscar información relacionada con la masacre de El Mozote, en la que fueron cruelmente asesinadas unas mil personas inocentes, mayoritariamente niños, mujeres y ancianos.

Esto pone al país a la saga de otros en América Latina, como Argentina y Chile, que han condenado a responsables de crímenes cometidos durante las dictaduras de los años setenta y ochenta. El Salvador, incluso, es superado por naciones vecinas como Guatemala que condenó al militar genocida Efraín Ríos Montt.

Es una vergüenza mundial que en el país no se investigue el magnicidio de un arzobispo que ahora es Santo; que el único criminal de lesa humanidad preso fue condenado en el extranjero; que el único juicio histórico que se ha realizado (por la Masacre de El Mozote) tiene como principal obstáculo la negativa de un presidente que ofreció apoyar la búsqueda de verdad y justicia…

Ojalá, más temprano que tarde, surja un movimiento fuerte que logre derribar los obscenos muros de impunidad que impiden conocer la verdad, aplicar justicia y reivindicar moralmente a las víctimas del pasado y del presente.