Dos situaciones peligrosas que enfrenta el país con el gobierno de Nayib Bukele son la “instrumentalización política de la Fuerza Armada” y la “desnaturalización de la Policía Nacional Civil (PNC)”, hechos que constituyen graves retrocesos históricos y violaciones flagrantes a los Acuerdos de Paz.

En relación a lo primero, es necesario recordar que los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a doce años de cruenta guerra civil y a seis décadas de militarismo atroz, eliminaron el protagonismo político del Ejército y su rol de “árbitro de la democracia”.

Así, la nueva función constitucional de la institución militar se limitó a defender la soberanía nacional ante posibles agresiones extranjeras, auxiliar a la población en casos de desastres y apoyar excepcionalmente en tareas de seguridad pública. Los Acuerdos también depuraron a los militares involucrados en crímenes que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, Nayib Bukele ha devuelto a los militares su influencia y protagonismo político de antaño. Su actuación más beligerante ha sido la participación en el intento de golpe presidencial contra el Parlamento el 9-F, cuando militares acompañaron al presidente en la toma del palacio legislativo.

Y en relación al deterioro de la naturaleza de la PNC, recordemos que también los Acuerdos de Paz la definieron como un cuerpo civil y de servicio a la población, desmarcada del pasado de represión política que caracterizó a los antiguos cuerpos de seguridad estatal (Policía Nacional, Policía de Hacienda y Guardia Nacional).

Formalmente la PNC es parte del Ejecutivo y, por tanto, depende del presidente; pero no responde a intereses del gobierno y debe coordinar acciones con otras instancias estatales: Fiscalía, Sistema Judicial y Asamblea Legislativa. No obstante, Bukele la ha convertido en una especie de “cuerpo de agentes gubernamentales” que sólo atiende órdenes presidenciales y desobedece las judiciales y legislativas.

Su director, el ex militar Mauricio Arriaza Chicas, incluso se muestra como guardaespaldas personal de funcionarios del Ejecutivo y gendarme de sus intereses. Lo evidenció su matonería en el deslave de Nejapa cuando acompañaba al ministro-candidato a alcalde Mario Durán y con el reciente envío de policías a bloquear las pesquisas fiscales en el Ministerio de Salud.

Por eso es pertinente la creación de una comisión legislativa para desaforar al jefe policial. Pero, más allá de la necesaria destitución y el posible enjuiciamiento de Arriaza Chicas por desobediencia, incumplimiento de deberes y obstrucción a la justicia, el desafío de fondo es revertir el proceso de descomposición de la naturaleza, principios, objetivos y actuación de la PNC.

Ojalá que la ciudadanía democrática se involucre en este urgente proceso de recuperación y fortalecimiento del sentido original de la Policía establecido en los Acuerdos de Paz.