La Comisión Especial para Investigar Acoso contra Periodistas y Uso de Recursos Públicos contra Opositores presentó la semana pasada sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones; y en su informe, aprobado por el pleno legislativo, destacan dos recomendaciones importantes: aprobar la Ley de Protección a Periodistas y regular la asignación de la pauta publicitaria estatal en los medios.

La primera recomendación responde a la constatación de que existe una política de acoso permanente y sistemático contra periodistas que publican información crítica del gobierno: descalificaciones, estigmatizaciones y ataques en plataformas y redes digitales, especialmente contra periodistas mujeres.

Según la Comisión, en estos ataques, que constituyen violaciones a los derechos de periodistas y vulneraciones a la libertad de expresión, se utilizan recursos públicos y están involucrados altos funcionarios del Ejecutivo, incluido el propio Presidente Nayib Bukele, sus secretarios de Prensa y de Comunicaciones, ministros y el titular de una institución autónoma.

Por eso pide a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aprobar cuanto antes la propuesta de ley presentada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Mesa de Protección a Periodistas. Dicha normativa no solo protege a las periodistas de ataques digitales, sino también de la violencia física y de violaciones de derechos laborales que suceden al interior de las empresas de comunicación.

El informe de la Comisión también señala la práctica antidemocrática de excluir de la publicidad estatal a aquellos medios que publican información y opiniones que disgustan al gobierno, lo cual atenta contra los principios de inclusión y pluralidad que deben regir la asignación de pauta publicitaria.

Por eso plantea la necesidad de aprobar un marco legal que asegure la inclusión de todos los medios impresos, radiales, televisivos y digitales, independientemente de sus políticas informativas y línea editorial. La Comisión señala que la pautación de publicidad no debe funcionar como “premio o castigo” contra periodistas o medios, a partir de si son críticos o condescendientes con la gestión gubernamental.

Esta recomendación coincide con los “Estándares de Libertad de Expresión y Publicidad Oficial” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que plantean la transparencia, rendición de cuentas, inclusión y no discriminación, pluralismo informativo y promoción de la diversidad mediática, como principios rectores de una política democrática de asignación de la pauta publicitaria estatal.

Esperemos, pues, que pronto se apruebe la Ley de Protección a Periodistas y se establezca un marco normativo que asegure la transparencia, la inclusión y la pluralidad en la asignación de la publicidad estatal. Ambas son claves para la libertad de expresión y de prensa, el pluralismo informativo, la diversidad mediática y la democracia en el país.

Ojalá que así sea.