Tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), nombrados por el presidente Nayib Bukele, acordaron ayer que los debates en sus reuniones ya no serán grabados, con lo cual no quedará registro en audio de sus deliberaciones.

La decisión fue por iniciativa de la comisionada Roxana Soriano, cuestionada por su afiliación partidaria y las serias dudas sobre su idoneidad para el cargo. Soriano fue precandidata a diputada por Nuevas Ideas, preside una ONG afín al gobierno y fue postulada por un gremio de abogados dirigida por un empleado de la secretaría jurídica de la Presidencia.

Esta comisionada también es abogada de AVIANCA, empresa presidida por Roberto Kriete, empresario oligárquico que apoya a Nayib Bukele. Además, Soriano aparece en el informe de investigación sobre títulos falsos elaborado por la Fiscalía en el año 2001 y se graduó en la extinta Universidad Militar, cerrada por el Ministerio de Educación por no cumplir con los requisitos académicos.

La moción fue respaldada por el comisionado Luis Suárez Magaña, ex empleado de la SIGET nombrado irregularmente en representación del gremio periodístico, y por el comisionado presidente Ricardo Gómez, representante de las universidades y quien desde su llegada se mostró anuente a los designios de la administración Bukele.

Lo acordado por Soriano, Suárez y Gómez, por un lado, confirma la configuración de una mayoría servil a los intereses de Bukele y su gobierno en el IAIP; y, por otro lado, significa el retorno de la opacidad y el secretismo al interior de la mismísima instancia encargada de asegurar el acceso a la información y promover la transparencia en la gestión pública.

A lo anterior se suma la reversión de algunas resoluciones, cambio de criterios y las reformas al reglamento de la LAIP, que constituyen graves retrocesos en la independencia y eficiencia del IAIP ahora controlado por Casa Presidencial.

Ojalá que la ciudadanía democrática reaccione a tiempo y logre revertir este atropello contra el derecho de información, la transparencia y la democracia, impugnando en las instancias correspondientes (Corte Suprema de Justicia, Fiscalía) los nombramientos ilegales de Soriano y Suárez, y las acciones contra el acceso a la información que éstos han tomado en compañía de Gómez.

¡Hay que actuar ahora!