En el editorial anterior respondimos a la pregunta ¿cómo logró el presidente Nayib Bukele la “súper-mayoría legislativa” para su partido Nuevas Ideas?; y concluimos que -por la razones ahí planteadas- “no fue por un proceso democrático”, pero que el resultado “es legal” y representa la “voluntad popular”.

Ahora veamos ¿qué podría hacer el mandatario con ese poder absoluto que la mayoría de votantes, quizás sin querer, le otorgó el pasado 28 de febrero? Al respecto hay dos posibilidades: una es usarlo para gobernar democráticamente, resolver los problemas del país y generar cambios estructurales en favor de la gente; y la otra es utilizarlo para implementar el proyecto autoritario, populista y demagógico visto en estos veinte meses de gobierno.

Si el presidente decide hacer lo primero, podría iniciar el desmontaje del modelo económico neoliberal. Esto implicaría las siguientes acciones: aprobar una política fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más” mediante impuestos directos al patrimonio de los más ricos, a la gran ganancia empresarial, grandes transferencias financieras y a los bienes y servicios de lujo.

También incluiría cerrar todos los “portillos legales” a la evasión tributaria y derogar o modificar las leyes de Turismo, Zonas Francas, Inversiones, Servicios Internacionales y otras que permiten la elusión fiscal o contienen injustificados privilegios tributarios para las grandes empresas.

Además, implicaría renacionalizar el sistema de pensiones, revisar las demás privatizaciones y revertir el nuevo mecanismo privatizador de los “asocios público-privados”.

Otras acciones positivas de la “súper-mayoría” bukelista serían la aprobación de la Ley General de Agua, la despenalización del aborto en las causales que plantean las organizaciones feministas, la prohibición de los agro-tóxicos y la ratificación de la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación. Podría legislar para enfrentar las causas estructurales de la pobreza, violencia, migración, deterioro ambiental y demás problemas estructurales.

Así mismo podría elegir a personas idóneas como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general, procurador de derechos humanos, magistrados de la Corte de Cuentas, procurador general y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

Si, por el contrario, Bukele utiliza negativamente la nueva correlación parlamentaria, le pedirá a sus diputados elegir a funcionarios (magistrados, fiscal, procurador, etc.) genuflexos a sus intereses, en vez de personas capaces, probas e independientes.

También profundizará el neoliberalismo aprobando una ley de zonas económicas especiales, manteniendo las leyes de la elusión y aumentando la regresividad fiscal con incrementos al IVA, a los combustibles y otros impuestos indirectos al consumo.

Además, endeudará todavía más al país adquiriendo millonarios préstamos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales que impondrán draconianos ajustes fiscales como condición para desembolsar los fondos.

Lógicamente tampoco aprobaría la ley de agua, la despenalización del aborto y demás normativas necesarias. Y lo más peligroso sería que Bukele cambie las reglas democráticas y se perpetúe en el poder.

“Se vale soñar”, pero “no se puede pedir peras al olmo”. Por lo actuado hasta ahora, es poco realista esperar que Bukele haga un uso positivo del poder legislativo; sin embargo, es pertinente exhortar a la población a no darle cheque en blanco al mandatario y que le exija gobernar en función de las necesidades del país y no para intereses particulares.