Hoy 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, conmemoración establecida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo realizada en junio de 1992 en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

La ocasión es oportuna para reclamar a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo por la ausencia de un marco legal y de políticas públicas de protección de los bienes hídricos y de garantía del derecho al agua para toda la población.

La Asamblea no aprueba la ley de agua propuesta por organizaciones comunitarias, movimientos ecologistas, iglesias y universidades. La legislatura saliente, como lo hicieron las últimas cuatro gestiones parlamentarias, se irá sin avalar tan necesaria y urgente normativa.

Por su parte el Ejecutivo no implementa planes estratégicos para proteger las fuentes de agua y hacer llegar el vital líquido a quienes no lo tienen. En sentido contrario, el gobierno sigue autorizando proyectos, como la urbanización “Valle El Ángel”, que destruirán zonas de recarga acuífera y agravará la escasez de agua.

La irresponsabilidad del gobierno es tal que, ante la crisis del agua en febrero de 2020, en vez de resolver el problema, el presidente Nayib Bukele tomó la Asamblea con militares y policías. Esto fue, según una investigación del periódico digital El Faro, para “desviar la atención” de la población que recibía agua sucia de ANDA en sus casas.

La problemática del agua en el país es grave: más del 90% de los ríos y quebradas están contaminados, el Río Lempa sufre un deterioro cada vez mayor, industrias de bebidas explotan desmedidamente reservas de agua y mantos subterráneos son afectados por proyectos que depredan el ambiente.

En este espacio editorial nos sumamos a la demanda de las organizaciones que ahora exigieron aprobar la propuesta ciudadana de Ley General de Agua. Si de verdad quiere actuar diferente a sus predecesoras, la nueva conformación parlamentaria debería iniciar su gestión en mayo próximo aprobando la ley de agua.

También respaldamos el rechazo a proyectos que afectan los bienes hídricos, pues el desarrollo que pregona el gobierno y las élites empresariales no debe impulsarse menoscabando las fuentes de agua y el ecosistema.

¿De qué servirá el desarrollo urbanístico si el país se queda sin agua? Ojalá, antes que sea demasiado tarde, el gobierno y los empresarios caigan en la cuenta de que “están cortando la rama donde estamos parados”.