Esta semana, en el marco del proceso de vacunación contra el COVID-19, el Ministerio de Salud decidió concentrar la atención de adultos mayores y otras personas que han sido priorizadas para recibir el fármaco, en la controvertida tercera etapa del Hospital El Salvador (el mejor de Latinoamérica, según la propaganda gubernamental), con el objetivo de “inmunizar” a 10 mil personas en un solo día y completar 30 mil a nivel nacional.
Esto provocó aglomeraciones contraproducentes que menoscaban los protocolos del distanciamiento físico necesario para evitar contagios, situación similar a las concentraciones de personas generadas durante la fallida entrega del bono de 300 dólares -en plena cuarentena domiciliar- a finales de marzo del año pasado. Esto evidencia la falta de planificación adecuada, así como las serias dificultades de las autoridades sanitarias para aprender lecciones y corregir errores.
Para agravar la situación, también hubo concentraciones en parqueos de centros comerciales y otros lugares desde donde las personas fueron llevadas hacia el “mega centro de vacunación”. Esto sólo se explica con la posible intención deliberada de darle el negocio del transporte a algún “miembro del partido”, pariente de funcionarios o presta-nombre.
La súper jornada de vacunación estuvo marcada por restricciones a la cobertura de la prensa independiente y alternativa, pero fue difundida con bombo y platillo por el omnipresente aparato de propaganda dirigido desde Casa Presidencial: medios estatales, estaciones de radio y televisión privadas bajo control del CONAB, grandes empresas mediáticas alineadas a la narrativa oficial y un entramado digital de periódicos, redes y plataformas.
Son aplaudibles los esfuerzos gubernamentales para obtener vacunas y acelerar el proceso de vacunación. Sin embargo, es censurable la improvisación, los negocios anómalos y la inescrupulosa propaganda de este gobierno en permanente campaña política.
En este espacio editorial secundamos los reclamos válidos de la ciudadanía crítica, las acertadas observaciones de los expertos y las denuncias periodísticas que continúan desnudando las falencias e irregularidades, a pesar del bloqueo, la descalificación y el inacceso a la información de un gobierno que impide conocer los planes, uso de los fondos y otros aspectos relevantes del manejo de la pandemia.
La población debe saber que no sólo tiene derecho a la vacuna, sino también a que el gobierno transparente la información, rinda cuentas y use correctamente los fondos públicos en el proceso de vacunación, ya que son dineros de todas y todos: que provienen del pago de impuestos o de préstamos que serán pagados por toda la población.
