La semana pasada, en su segunda sesión plenaria, la nueva legislatura aprobó una reforma que elimina exenciones tributarias a los periódicos impresos. La reforma a la Ley de Imprenta, propuesta por Nuevas Ideas (NI), obligará a los diarios a pagar los aranceles correspondientes por la importación de papel, maquinaria y equipo; y les impedirá hacer deducciones del Impuesto sobre la Renta.

Vale recordar que dicha medida ya había sido aprobada en julio de 2014, por iniciativa del grupo parlamentario del entonces gobernante FMLN. Sin embargo, fue revertida por la Sala de lo Constitucional que integraban los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco.

La reforma en mención es positiva. Sin embargo, cabe preguntarse si su aprobación responde a un interés real de combatir la evasión y elusión de impuestos o si se trata de una represalia y venganza política del bukelismo contra los periódicos debido a su postura crítica sobre la gestión gubernamental.

La duda surge porque el presidente Nayib Bukele mantiene una fuerte confrontación con medios críticos a los que acusa de ser opositores a su gobierno y ha buscado mecanismos legales para afectarlos. Ejemplo de esto es la persecución fiscal del Ministerio de Hacienda contra el semanario digital contra El Faro.

Por tanto, podría ser que el verdadero objetivo de la reforma a la Ley de Imprenta no sea cerrarle puertas a la evasión tributaria, sino “castigar” a medios escritos que publican información y opiniones que disgustan al Ejecutivo. Si esto fuera así constituiría una arbitrariedad y un ataque al pluralismo informativo.

En tal sentido, y para demostrar que la reforma busca reducir el no pago de impuestos, la bancada oficialista y sus aliados deberían reformar una veintena de leyes que permiten la elusión o “evasión legal”: leyes de Turismo, de Zonas Francas, de Inversiones, de Servicios Internacionales, de Asocio Público-Privados y otras que establecen exenciones tributarias injustificadas para las grandes empresas.

Estas normativas son base legal del actual sistema tributario regresivo e injusto, por lo cual deben ser revertidas como parte de una estrategia real para construir un nuevo esquema fiscal progresivo donde “paguen más quienes tienen más”. El oficialismo tiene los votos más que suficientes para hacerlo, Dios quiera que también tenga la voluntad política.

Ojalá que así sea.